La UCO traslada al juez irregularidades en otros catorce centros impulsados por Ciegsa

El exconsejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla./Damián Torres
El exconsejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla. / Damián Torres

Los agentes de la Guardia Civil subrayan que empresas que en el juicio admitieron financiar al PP mantenían relaciones con la empresa pública

A. Rallo
A. RALLOValencia

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil plantea al juez sospechas sobre otros catorce centros educativos al margen de los que ya se investigan en la pieza judicial del caso Ciegsa. La información parte de un documento que elaboró Ramón Cervera, arquitecto de la empresa pública. Recoge una serie de expedientes de contratación con sus correspondientes modificaciones que considera que se produjeron irregularidades durante su proceso de tramitación. La operativa confirma la tesis de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, que se autorizaban los modificados para compensar la baja del 16% que ofertaban las contratistas. 

El listado del técnico cita obras en las localidades de Albalat de la Ribera, Alcàsser, Alicante (2), Almassora, Benidorm, Cullera, Quart de Poblet, Vila-real, Bigastro, Cullera y Benetússer, entre otros. En líneas generales coinciden en la falta de justificación de varios modificados y llaman la atención sobre la coincidencia entre la bajas en las ofertas junto con el importe del modificado, es decir, lo que se ahorra para obtener la obras se reintegra luego a través de este trámite. Respecto al centro de Almassora, textualmente se dice que se cambiarán "fichas del modificado no reales por cosas reales de obra en un porcentaje X para justificar el modificado". Estos cambios se sitúan en la mayoría de los supuestos al borde del límite legal, el 20%. Las anotaciones de Cervera se han visto corroboradas por el análisis de los archivos informáticos que ha hecho la UCO a lo largo de los más de tres años de investigación. De momento, las pesquisas se acotan a cuatro centros públicos, aquellos de los que se tenían sospechas de cobro de comisiones a través de las grabaciones que en su día realizó el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent.

Los especialistas de la Guardia Civil, en este último informe, se concentran en recopilar y contextualizar toda una serie de indicios de cómo la empresa eludía la legalidad para adjudicar obras y posteriormente cobrar mordidas a las empresas beneficiadas. El informe apunta a que se vieron beneficiadas Cleop, Sedesa y Cyes, por ejemplo, constructoras que también aparecen en otros asuntos de corrupción. Especialmente ilustrativa es la tabla estadística que elabora la UCO cruzando los datos de las empresas que admitieron en su día haber financiado al PP con las que han mantenido relaciones comerciales con Ciegsa donde se aprecia que Lubasa, Sedesa, Construcciones Hormigones Martínez y Rover Alcisa. Estas compañías registraron facturaciones de entre entre diez y sesenta millones de euros en un periodo de cuatro años.

El dosier de la UCO destaca una de las conclusiones de un informe de la Intervención que es precisamente la diferencia de precio entre los institutos construidos desde la Conselleria de Educación y aquellos que fueron impulsados directamente desde Ciegsa. Así, existe una significativa diferencia de 300 euros por metro cuadrado.

La instrucción ha experimentado un avance en estas últimas semanas con las declaraciones de arquitectos y responsables de las empresas que han justificado, en líneas generales, los modificados de determinados centros investigados. Salvo Alfonso Rus y pese a la existencia de un informe previo similar a este en el que se apuntaba la existencia de un sistema de cobro de comisiones para financiar al Partido Popular, ninguno de los altos dirigentes del PP, como Francisco Camps o Gerardo Camps, han sido imputados por estos hechos.

Al margen del exvicepresidente de la Diputación y del consejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla, la búsqueda de responsables judiciales se ha detenido ahí. La UCO ha incluido en este último informe la declaración como testigo de un amigo de Ricardo Costa, también alto cargo de la Generalitat, que acudió a dos constructoras donde le dieron una caja de zapatos envuelta y un sobre donde supuestamente había dinero en efectivo.