De un título falso a los zombies y otros despropósitos

El último caso ha sido el de José María Ángel, el excomisionado de la dana que, según Antifraude, fue capaz de falsificar un título universitario para obtener una plaza de funcionario. La polémica alcanza a su mujer, la exdiputada del PSPV que ocupa una plaza de subdirectora del MuVIM sin tener ningún título. Estas argucias –en la denominación más cercana al eufemismo– les han proporcionado una vida holgada, siempre bajo el amparo del PSPV. En el último año, antes de su cargo por la dana, se embolsaron 175.000 euros.

Son los últimos, pero no los únicos. Capítulo especial merecen los zombies, personas que cobraban un sueldo sin ir a trabajar –el caso más sangrante– o por desarrollar un trabajo en otro departamento. Toda esta cadena de favores fue instaurada en la época de Alfonso Rus, posiblemente el último gran cacique de la política valenciana. Su complicidad con Marcos Benavent, el yonki del dinero, hizo que la empresa Imelsa se convirtiera en un coladero para estómagos agradecidos.

La investigación judicial frenó todo aquello. Algunos supuestos eran de simple enchufismo, pero se dio también algún caso casi de caridad. La práctica que se ha conocida ahora con el exministro José Luis Ábalos, en realidad, cuenta con numerosísimos antecedentes en la Comunitat, banco de pruebas de la corrupción. Los zombies se dieron en Imelsa -uno de ellos, por ejemplo, era un futbolista del Olimpic de Xàtiva-, pero también en Ciegsa, la empresa que construía los colegios públicos de la Comunitat. En aquella atmósfera, el gerente de Imelsa se dedicó a grabar durante años a amigos y compañeros de partido en diferentes corruptelas con tal de protegerse de eventuales problemas judiciales.

También se puede hablar del caso Alquería, que terminó con la absolución de los acusados. Pero fue un hecho incontestable que en la empresa Divalterra -de nuevo, la heredera de Imelsa- se crearon una serie de puestos de alta dirección para contratar a personas afines al PSPV y a Compromís. Otro de los asuntos emblemáticos, también en la Diputación de Valencia, es el de Carlos Recio. Era el funcionario encargado de la jefatura del archivo provincial de la Diputación de Valencia. Fue acusado por la propia Corporación provincial de absentismo laboral durante diez años. El trabajador señaló que carecía de medios, como un lugar físico, para desarrollar esta actividad. Finalmente, la Fiscalía archivó la causa al no apreciar indicios delictivos. Pero, ¿podría ocurrir esto, que un trabajador contratado que pasa diez años sin que tenga un espacio para desarrollar su tarea?

Existe otro caso que supuso la imputación momentánea de algunos altos cargos de la Conselleria de Economía. Fue el de otro funcionario que logró que constaran en su salario embargos, pensiones de alimentos y una compensación para su mujer, para de esta forma evitar pagar a acreedores con los que mantenía una deuda por otros asuntos comerciales al margen de su profesión. Lo sorprendente de esta práctica es que la mujer había fallecido. El dinero iba a parar a una cuenta a nombre de su hijo y así lograba esquivar a los acreedores.

Hay quien no duda en arriesgar la tranquilidad de un puesto de trabajo por conseguir unos euros extras. Una funcionaria cobraba 500 euros por tramitar tarjetas de transporte a vehículos que no cumplían todos los requisitos. Fue condenada a tres años y medio de cárcel y su correspondiente inhabilitación para empleo público. Se había concertado con una gestoría, que era la que le proporcionaba los clientes.

En Les Corts también se han vivido situaciones surrealistas. Lo de jugar con los cargos de asesor ha sido habitual. Se han dado situaciones de jefes de prensa que ocupaban plaza de conductor y asuntos de similar naturaleza. Llamativo fue el caso de Miguel Soler. El que fuera asesor de la Mesa de Les Corts trabajaba en realidad para el grupo socialista. Una circunstancia prohibida por el Reglamento y que él mismo admitió que realizaba en un mensaje en Facebook para defenderse de las acusaciones de que cobraba del Parlamento sin ir a trabajar. Un juez abrió incluso una investigación, pero finalmente se archivó.

Lo de los asesores fantasma no es patrimonio de la Diputación. Este mismo año el PSPV ha preguntado por Antonio José Candel, asesor de Vox que anteriormente trabajó para la Junta de Castilla y León y para el Gobierno de la Región de Murcia. Se le vio el pasado mes de septiembre y desde entonces hasta mayo no hay testigos de su presencia en el parlamento valenciano.

Uno de los sucesos más extraños en los últimos tiempos fue el conocido como topo del Palau. Una supuesta investigación interna para aclarar quién filtraba información a los medios de comunicación que terminó con el jefe de seguridad del edificio en el banquillo de los acusados por coacciones a un asesor del vicepresidente.