Un testigo dice que Rodríguez eligió a qué enchufados contratar en Divalterra

Pellicer, ex responsable del departamento jurídico de la empresa pública y secretario del Consejo de Administración, se pronunció así en su declaración, en calidad de testigo, en el juicio que se sigue contra 14 acusados en la Audiencia de Valencia por el caso Alquería. Tanto Pellicer como José Luis Castellote, este último ex director económico de Divalterra, denunciaron este procedimiento ante el ministerio público.

Pellicer entró en Divalterra en septiembre de 2013 y llegó a ocupar el cargo de secretario del Consejo de Administración, pese a que, según ha comentado, no quería. En el año 2015 se enteró de que la gerencia quería contratar a siete personas en alta dirección. «Agustina Brines (entonces gerente) me informó de que tenía instrucciones de Rodríguez de contratar a siete personas y me remarcó que ya tenía los nombres y apellidos», reprodujo. En ese momento Brines le pidió asesoramiento jurídico y él le comentó de forma verbal que en la empresa pública no se podía contratar a esas personas y que había que cumplir con el Estatuto Básico del Empleado Público. Estas manifestaciones se las trasladó posteriormente por escrito en un correo electrónico: «Divalterra no podía tener personal eventual», le comentaba. Sin embargo, los contratos se hicieron pese a los «múltiples» informes en contra. Y en este punto se ha referido al ex jefe jurídico de Divalterra José Luis Vera, quien le llegó a comentar que el asunto de las contrataciones era un «abuso» y no quería participar «en esa corrupción».

Las contrataciones «nunca» pasaron por el Consejo de Administración por decisión, tal y como ha repetido, del Consejo de Dirección. Preguntado por si se hizo algún 'paripé' para hacer ver que se trataban de contrataciones con publicidad, ha contestado que era un proceso de «ingeniería jurídica» y ha aseverado que no le consta que hubiera ningún tipo de proceso de selección o entrevista.

El testigo reiteró que había un ambiente de «presión» para que no se cuestionara la legalidad de los contratos y le pidieron en varias ocasiones que informara favorablemente de los textos: «Me comentaron que ellos hacían el informe y que yo lo firmara», explicó. Ante su postura, afirmó que Brines le llegó a decir que se buscara un abogado porque le habían trasladado que lo querían despedir.

El testigo tuvo varias conversaciones con diferentes cargos, a parte de Brines, sobre la ilegalidad de las contrataciones. Y en este punto ha nombrado al exgerente Xavier Simón: «Me presionaba muchísimo y me decía que era un compromiso de Rodríguez, que él quería comprar la voluntad de estas personas aunque sabía que no eran altos cargos», ha aseverado.

«Me dijo (añadió) que le ayudara a disfrazar la contratación de los altos cargos porque el presidente lo necesitaba. Me decían quiénes eran, los nombres, y me llegó a enseñar mensajes de teléfono en los que se le pedía que hiciera algo por dos compañeros del partido que estaban en el paro», afirmó.

También mantuvo algunas conversaciones con el entonces letrado-asesor de Divalterra Jorge Cuerda, quien le llegó a decir que las contrataciones iniciales eran ilegales pero que él las iba a hacer legales. Para ello, ha indicado que él y Castellote tenían que hacer informes de legalidad y consignación presupuestaria.

Precisamente fue Cuerda, según ha trasladado, quien le indicó, antes de pedir su despido, en relación con las dos contrataciones de alta dirección que se hicieron en 2018, que «el presidente de la Generalitat era Puig, pero que el próximo presidente iba a ser Rodríguez y que teníamos que colaborar con él para que llegase y en ese caso ganaríamos todos», le comentó.