El Supremo da la razón a Eva Ortiz y ordena a Hacienda que le dé más de 9.000 informes

El Ejecutivo de Pedro Sánchez argumentó su negativa en que era «materialmente imposible» atender la petición de la senadora y que ésta debía limitar su consulta por materia o expediente, pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que debe primar el derecho de los parlamentarios a controlar la acción del Gobierno.

La primera petición de la senadora valenciana del PP es del mes de febrero de 2024. A través de la Presidencia del Senado Ortiz solicitó «copia de la totalidad de los informes emitidos por la Abogacía del Estado en el Ministerio de Hacienda y Función Pública (y sus organismos autónomos y demás sujetos dependientes) entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2023». El Gobierno contestó meses después que la Abogacía había emitido más de 4.000 informes y que esa cifra hacía materialmente imposible atender la solicitud.

Ortiz presentó una segunda solicitud en la que, además de volver a reclamar los informes de la Abogacía, pedía también los emitidos en el mismo periodo por la Intervención del Estado. La respuesta del Gobierno, que cifró en 5.000 los informes de ese otro organismo, fue también negativa.

A partir de aquí es cuando la senadora valenciana, que en su etapa como diputada en Les Corts ya logró que los tribunales le dieran la razón en más de una solicitud de información al Consell del Botánico, presentó recurso ante el Tribunal Supremo. Y pese a que la Fiscalía pidió que se rechazara la solicitud por «ambigua y desproporcionada».

Pese a ello, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo recuerda que el artículo 109 de la Constitución establece que las Cámaras y sus comisiones podrán recabar a través de sus presidentes «la información y ayuda que precisen de sus departamentos». Y el artículo 20.2 del reglamento del Senado establece que los senadores tendrán la facultad de recabar los datos, informes o documentos que obren en poder de las administraciones públicas.