Acciona suspende a los dos directores investigados tras el informe de la UCO sobre Cerdán

En un comunicado, Acciona Construcciones recuerda que tras otro documento policial entregado al magistrado en junio decidió resolver todos los contratos y los acuerdos de asociación vigentes con Servinabar 2000 S.L., la sociedad navarra investigadas en la causa relativa al presunto cobro de comisiones irregulares por la adjudicación de obra pública. También dio por finalizada la relación laboral con su empleado Justo Vicente Pelegrini, hasta entonces director de Construcción para España, quien ha sido citado también el 3 de diciembre.

En su nota de prensa, la compañía asegura que entre las más de 30.000 empresas colaboradoras y/o proveedoras del grupo, Acciona Construcción mantuvo relaciones comerciales entre los años 2015 a 2025 con Servinabar en diversos proyectos de construcción y obra civil ejecutados en España, directamente y/o en UTEs. La facturación agregada de esos proyectos durante esos diez años ascendió a 5,7 millones de euros.

Explican que los contratos y pedidos asociados a estos proyectos «cumplen con los estándares exigibles», que incluyen compromisos de cumplimiento normativo obligatorios para las partes y que prohíben conductas contrarias a la ley o a la ética empresarial. «Todos los pagos realizados al amparo de esos contratos se encuentran soportados por facturas debidamente revisadas, reflejadas en la contabilidad, liquidadas a través de operativa bancaria y se corresponden con los servicios contratados, sin que de ninguna manera puedan ser considerados pagos de facilitación por adjudicación de obra pública», relata el comunicado.

Acciona Construcción -añade- «desconoce y, por tanto, no puede asumir responsabilidad alguna sobre el posible uso o destino que el proveedor pueda haber dado a los importes abonados con arreglo a los contratos». Del mismo modo, niega la realización por su parte de pago alguno de cualquier naturaleza en favor de ninguna de las personas señaladas en la causa judicial, en referencia a Santos Cerdán, José Luis Ábalos -aforado ante el Tribunal Supremo por su condición actual de diputado- y Koldo García.

El comunicado de la multinacional pone en valor la confianza en el sistema público de contratación, su convicción sobre la legalidad de los procedimientos de adjudicación de las obras que son objeto de investigación y niega haber obtenido ninguna ventaja indebida en dichos procedimientos. Sin embargo, avanza que se reserva el ejercicio de las acciones legales oportunas si de las investigaciones se desprendiera algún perjuicio directo como consecuencia de la actuación de las personas investigadas o de cualquier otra que hubiese podido lesionar los intereses de la compañía.

Sobre los dos empleados suspendidos ahora, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, el primero es el director de Acciona Construcción la Zona Norte y fue la persona que el 2 de enero de 2019 firmó el protocolo notarial de constitución de la UTE entre Acciona Construcción y Servinabar para las obras de los túneles de Belate en Navarra, una de infraestructuras en el foco de los investigadores.

García Alconchel, por su parte, es el director de Zona Sur y África de la compañía. Su despacho fue registrado de manera minuciosa por la UCO durante los allanamientos de la pasada semana, cuando también se requirió información a las empresa de Sevilla Tecade y Freyssinet. Ambas firmas, en UTE con Acciona Construcción, se adjudicaron en mayo de 2021 el contrato para sustituir los tirantes del puente del V Centenario sobre el Guadalquivir por un importe, sin IVA, de 71,4 millones de euros, aunque la obra acabó costando 102,8 millones.

El juez, a la vista del informe de la Guardia Civil fechado el pasado 11 de noviembre y que dio lugar a los registros del viernes de la pasada semana, acusa a los tres directivos de haber tomando parte «aparentemente» en la «indebida adjudicación de determinadas obras públicas».

El pasado junio, cuando los informes de la UCO, que citan en más de 200 ocasiones a la constructora, ya situaron en el centro del epicentro de las investigaciones a Acciona, el propio Entrecanales salió al paso para negar la implicación de la empresa en la trama y cargar toda la responsabilidad en su exempleado Fernando Merino, el primer imputado de esta compañía.

«Nos duele profundamente el impacto reputacional que estas informaciones pudieran tener, tanto sobre nuestra compañía como sobre los más de 66.000 empleados en 40 países que cada día desarrollamos nuestro trabajo con ilusión, esfuerzo, compromiso y la más absoluta integridad y rigor», señaló en aquel momento el también CEO de la compañía.

Entrecanales, cuyo grupo familiar posee casi el 60% de las acciones de Acciona, enmarcó los hechos investigados «en la conducta de un exempleado de una filial del grupo – Acciona Construcciones – que fue despedido en 2021 por pérdida de confianza por parte de sus superiores jerárquicos, sin llegar a tener entonces constancia alguna sobre posibles actuaciones irregulares», dijo en referencia, sin nombrarlo, a Merino, al que no conoció de nada en su momento.

«Este exempleado -añadió Entrecanales- actuaba con la autonomía propia de su responsabilidad en una organización descentralizada y tenía la autoridad sobre contratos cuyo volumen agregado, sin restar importancia a su cuantía, representa un importe muy pequeño en comparación con el volumen total de actividad del negocio de construcción». En concreto y solo en Navarra, son seis los contratos suscritos entre 2017 y 2024 sujetos hoy a fiscalización por una cuantía de unos 86 millones de euros.