El PP presenta una queja en el juzgado tras sugerir Bravo que conoce el contenido del informe del caso Francis Puig

Otras de las cuestiones que despierta las sospechas en el Grupo Popular es por qué el socio de Francis Puig tiene siete procedimientos de reintegro de ayudas abiertos por la Generalitat cuando el hermano del presidente no tiene ninguno de estos expedientes de reclamación. «A lo mejor es que el apellido Puig pesa demasiado» ha sugerido el cargo popular. Para Ortiz, resulta muy grave que los informes que constan en la causa hablen de 1,2 millones de euros destinados a estas empresas que están ahora bajo sospecha.

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La respuesta de Gabriela Bravo, ya sobre el atril de Les Corts, también ha generado polémica. La titular de Justicia ha anunciado que en el informe de 388 folios de la Guardia Civil «no hay ni un solo párrafo que concluya que se superan los 120.000 euros de dinero supuestamente desviado».

Por tanto, al no rebasar esa cifra, no sería delito y no correspondería la personación de la Abogacía. Este desarrollo, siempre según la tesis de la consellera. La realidad, no obstante, parecer ser otra. Los abogados de la Generalitat sí pueden personar ya si creen que hay indicios de delito contra la Administración, como ocurriría en cualquier otro asunto de similar naturaleza.

El PP ha presentado una queja tras esta respuesta de la representante del Ejecutivo. No entienden cómo una persona ajena a la causa parece haber tenido conocimiento del contenido de un informe que consta en las diligencias judiciales y los únicos con acceso son los que se encuentran investigados al margen de las diferentes acusaciones.

La causa no está ya bajo secreto de sumario -nunca lo ha estado- pero las actuaciones, como en todos los procedimientos judiciales, siguen siendo reservadas. Los populares han anunciado una queja para que el juez adopte las medidas que considere pertinentes, entre las que puede figurar incluso la apertura de una investigación.

De igual modo, Ortiz aprovechó para criticar las declaraciones del pasado lunes del presidente Puig en las que informaba de que la Generalitat no tiene nada que ver en todo este asunto «pese a que está el director general de política lingüística entre los imputados». «Son de una gran torpeza. Espero que los asesores hagan su trabajo», ha comentado.