La sentencia del call center también cuestiona la tesis del fiscal en otra pieza de Imelsa

Se trata una derivada que afecta especialmente a Mariano López, el famoso suegro de Benavent que también ha salido indemne del call center. El tribunal, al estudiar la supuesta existencia de un delito de blanqueo por parte de la empresa de López, Técnicas Legales Administrativas, recopila la facturación de esta mercantil.

La Sala sostiene que el suegro realizaba una labor de asesoramiento para Servimun, la adjudicataria del call center, y cobraba por ello. Pero el tribunal también le llamó la atención las facturas emitidas contra Cysco, una empresa de Gandia. «Es una empresa que existe; que cuenta con página web, etc.», recoge. La Fiscalía se opuso a que continuara el examen de otras facturas al existir «un procedimiento abierto por una falsedad», aunque no especificó cuál de ellas, o si todas eran objeto de esa causa. Pero los magistrados aprovecharon la cuestión para comprobar una «interesante documental remitida por los Ayuntamientos de cuyas facturas parece que se habla (Enguera y Requena,) que no dan precisamente la razón a la acusación».

Es decir, que la documentación respondería a servicios reales. Precisan los magistrados que sin entrar a valorar temas que no les corresponden, la documentación indica que hubo un trabajo, y unas actuaciones, discutidas o no. Y de ahí la facturación».

El examen de los magistrados anticipa la debilidad de la acusación en este sentido. La pieza de Requena y Enguera, una más de las derivadas del caso Imelsa, arranca en apenas unas semanas, el próximo 9 de noviembre.

Además, esta sentencia de la sección Quinta también da por probado que Servimun, la empresa de Palomares, fuera de procedimiento por su delicado estado de salud, no era una mercantil de Mariano López y que la relación entre ambos comenzó años después de su creación.

Una de las tesis de la acusación en el caso de Requena es precisamente que Servimun era una empresa del suegro de Benavent. El juicio de esta pieza ha recaído en la sección Tercera de la Audiencia. Los exalcaldes de ambas localidades Javier Berasaluce (PP), Santiago Arévalo (PP) y Óscar Martínez (PSPV).

Las penas para los dirigentes políticos oscilan entre los seis y los ocho años de cárcel, según el escrito de calificación de la Fiscalía. Los alcaldes están acusados de saltarse los procedimientos de contratación a favor de las dos mercantiles anteriores. En total, se llegaron a facturar cerca de 200.000 euros.