Seis años consecutivos de portazos a la reforma de la financiación

El Gobierno del PP, en cumplimiento de lo acordado en aquella reunión, dio luz verde a la creación de una Comisión de Expertos cuyo objeto sería «realizar los análisis necesarios para la formulación posterior de un nuevo modelo de financiación autonómica fundamentado en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos».

En poco más de seis meses, la citada comisión concluyó sus trabajos. Sus conclusiones y propuestas fueron recogidas en un informe final que se entregó el 26 de julio de ese año y que fue distribuido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y elevado al Consejo de Ministros.

Este relato aparece en la pestaña correspondiente a la «reforma del sistema de financiación autonómica» en la web del ministerio de Hacienda. A continuación aparece aquella propuesta del comité de expertos. Nada más.

La legislatura del Gobierno de Mariano Rajoy saltó por los aires muy pocos meses después, cuando una sentencia de la Audiencia Nacional condenó al PP por corrupción, y el PSOE de Pedro Sánchez presentó una moción de censura que salió adelante. El 1 de junio de 2018 el líder socialista se convertía en el nuevo presidente del Gobierno.

El 20 de junio, en su primera sesión de control, Sánchez le respondía al diputado de Compromís Joan Baldoví que era «necesario revisar el sistema de financiación autonómica« porque de él dependen los »servicios públicos esenciales« como son la sanidad, la educación o la dependencia. Más aún, Sánchez explicaba que »en el corto plazo« habría que »mejorar la financiación de todas y cada una de las comunidades autónomas, en particular de la Comunidad Valenciana y de todas aquellas que están infrafinanciadas».

Para «el medio plazo», dijo, quedaría «cambiar a fondo» todo el sistema de financiación autonómica, que implicaría «una valoración de las necesidades de gasto reales de los servicios públicos fundamentales, una cuantificación concreta y sustentada en datos de la insuficiencia financiera de las comunidades autónomas, un análisis de las competencias homogéneas, un análisis de la fiscalidad por cada Administración, una revisión en determinados tributos y la sostenibilidad dinámica del modelo». Es decir, «la revisión a fondo» del actual sistema «solamente se va a poder culminar en la próxima legislatura», sentenció.

La primera patada a delante de la reforma del sistema fue a la siguiente legislatura, es decir, la que debía haberse abierto tras las generales de abril de 2019 y que, por la falta de acuerdo para la investidura de Sánchez como presidente, derivó en una repetición de comicios en noviembre de 2019.

En enero de 2020 el líder socialista logró cerrar los apoyos necesarios para sacar adelante su investidura. De ese mes de ese año es aquella vieja promesa al diputado Baldoví –hoy candidato de Compromís a presidir la Generalitat- de que en ocho meses habría un nuevo modelo de financiación. Un 2 de enero, sin dar tiempo siquiera a que los Reyes Magos llevaran sus regalos al Niño Jesús, el diputado valenciano le regalaba su voto al líder socialista a cambio de la promesa de reformar la financiación en ocho meses.

Un documento de nueve puntos que especificaba un plazo de ocho meses para que haya una nueva propuesta de financiación autonómica «y mientras no se produzca esa reforma, en los presupuestos generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado».

Es probable que Baldoví se haya arrepentido en alguna ocasión de haberse creído aquella promesa. Durante esos ocho meses –se cumplían en agosto de 2020, claro está, varios ministros del Gobierno, y en especial la ministra de Hacienda María Jesús Montero, deslizaron que habría algún retraso. La propia Montero en una comparecencia en el Congreso justo antes de estallar la pandemia proclamó que pondría encima de la mesa un «esqueleto básico» de nuevo modelo entre octubre y noviembre.

Cuando se cumplieron aquellas fechas, Montero y el entonces ministro, el valenciano José Luis Ábalos, admitieron que no se podría cumplir ese plazo. Ábalos, no obstante, remarcó que el compromiso del Gobierno era abordar esa reforma. «Es un pacto de investidura con Compromís y hay que cumplirlo y, además, en el caso la Comunidad Valenciana es más necesario». Los ocho meses pasaron de largo sin que conste reacción o respuesta alguna por parte de Baldoví. Ni entonces ni cuándo vamos camino de que se cumplan tres años de aquella fecha.

La prioridad entonces para el Gobierno, relatan las crónicas, era sacar adelante los PGE para el siguiente ejercicio. Y salieron. En 2021, en el mes de julio, la ministra Montero explicaba que su departamento confiaba en que en el segundo semestre se podrían «definir algunos conceptos de la reforma del sistema de financiación autonómica, tales como la composición y el peso de las variables que conforman el criterio de la población ajustada».

En noviembre de ese año, Sánchez clausuraba el congreso del PSPV celebrado en Benidorm y que reeligió secretario general a Ximo Puig. Y lo hacía comprometiéndose a «aprobar, negociar y acordar» un nuevo sistema de financiación autonómica.

La pandemia había estallado unos meses antes. Y aunque el Covid ha sido uno de los argumentos utilizados para justificar el retraso de la reforma, no impidió que el ministerio presentara el 3 de diciembre su 'esqueleto' de nuevo modelo, que en realidad era una propuesta de criterio de población ajustada, una fórmula para condicionar la población real a distintos criterios técnicos.

Un mes antes, la ministra Montero explicaba que la reforma de la financiación debería estar acompasada a una reforma fiscal. Es decir, que para repartir más dinero entre las CCAA, el Gobierno necesitaría disponer de más ingresos, por la vía de subir impuestos. Nunca es demasiado popular anunciar una subida de impuestos… Y la inflación ha acabado derivando en lo contrario, el anuncio de una bajada fiscal.

El caso es que ese 'esqueleto' de nuevo modelo se presentó el 3 de diciembre de 2021. De entonces es aquella «victoria colectiva de los valencianos» de la que habló la conselleria de Hacienda. Y de sólo unos días después la rectificación de aquel jolgorio por anticipado, presentando, como la gran mayoría de CCAA, alegaciones a aquel documento de más de 200 páginas e incomprensible para la mayoría de ciudadanos.

Las CCAA mandaron alegaciones. Y el ministerio anunció entonces que convocaría un CPFF para analizarlas, debatirlas y alcanzar un consenso. Pintaba bien. Casi tan bien como cuando Sánchez le prometió un nuevo modelo en ocho meses a Baldoví. Igual de bien e igual de incumplido. Las autonomías no han llegado a reunirse nunca con el Gobierno para revisar esas alegaciones ni para pactar nada relacionado con ese esqueleto de la nueva financiación.

En verano de 2022 el Gobierno valenciano exigía al ministerio que resolviera cuanto antes las alegaciones de las CCAA. El departamento de Montero, que para entonces ya invertía más tiempo en poner de manifiesto que había incrementado los recursos destinados a las regiones, certificó unos meses después lo errado del primer esqueleto. Solo así cabe entender que Montero, anunciara en agosto que después del verano remitiría a las comunidades autónomas una nueva propuesta de financiación vinculada a la población ajustada. La guerra en Ucrania llevaba meses en marcha, pero entonces no era excusa para anunciar que se avanzaría con la reforma.

El verano pasó. Y el invierno también. Y con la primavera recién estrenada, la ministra ha confirmado que no, que esta legislatura –se refiere a la nacional, que durará hasta diciembre- no será la de la reforma de la financiación. Seis años desde aquel comité de expertos que presentó al Gobierno su propuesta de nuevo modelo, y que el Ejecutivo de Sánchez decidió guardar en un cajón. Más de tres años desde aquella promesa de los ocho meses que sólo se creyó Baldoví. Un año y medio desde aquel esqueleto fallido. La pandemia, primero, y Ucrania después, para enmascarar un fracaso mayúsculo. Y la deuda –los datos del cierre de 2022 se conocerán este viernes- creciendo de forma vertiginosa.