«Mientras Sánchez veraneaba en Lanzarote, la crisis migratoria de Canarias seguía ahí...»

«No sabemos ni cuántos ni cuándo ni qué menores nos van a trasladar. No sabemos si esos menores pueden tener alguna enfermedad, si son hombres, si son mujeres, en qué momento van a llegar y cuántos van a llegar. Por lo tanto, mal podemos planificar si desconocemos cuál es la estrategia del Gobierno», ha expresado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este martes, el día en que el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que detalla la capacidad de acogida de menores migrantes de las CCAA.

«La política migratoria del Gobierno es un auténtico fracaso y se está viendo también durante el verano», ha sostenido Camarero, que ha cargado contra el presidente del Gobierno: «Mientras --Pedro-- Sánchez veraneaba en Lanzarote, la crisis migratoria de Canarias seguía ahí porque ha sido incapaz de hacer nada por mejorarla».

Dicho esto, ha hecho hincapié en que, «de los 1.200 menores solicitantes de asilo que el Tribunal Supremo le obliga --al Gobierno-- a atender, a cuidar y a proteger», el Ejecutivo central «ha sido capaz de llevar a la Península aproximadamente a 15». «Un Gobierno de España con todos los medios, con toda la capacidad que tiene ha sido capaz de trasladar a 15», ha criticado, por lo que ha denunciado que está incumpliendo «la sentencia del Tribunal Supremo».

Además, ha denunciado que todo ello lo hace «sin dar información, con oscurantismo y con falta de transparencia» porque «no dicen dónde van ni informan a las comunidades autónomas de dónde van» los migrantes. «Por lo tanto, si es capaz el Gobierno de España, con toda su maquinaria y su estructura, de acoger a 15, ¿cómo pretende que las comunidades autónomas acojamos a 4.000?», ha preguntado.

PEDIRÁN LA SUSPENSIÓN CAUTELAR «DE CUALQUIER NORMA»

En este sentido, ha apuntado que la Generalitat y otras CCAA han recurrido el Real Decreto del Gobierno y ha avanzado que repetirán esta posición con «cada acto administrativo que lleve a cabo el Gobierno» en materia migratoria. «También vamos a pedir la suspensión cautelar de cualquier norma que apruebe en este sentido (...) hasta, primero, que el Gobierno acoja a los suyos y, luego, que planifiquemos bien las llegadas, si es que es posible», ha especificado al respecto.

La también consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha denunciado que a día de hoy «no sabemos, de esos 571 menores que pretende trasladar --el Gobierno-- a la Comunitat Valenciana, ni cuántos ni cuándo ni qué menores nos van a trasladar»: «No sabemos si esos menores pueden tener alguna enfermedad, si son hombres, si son mujeres, en qué momento van a llegar y cuántos van a llegar».

«Por lo tanto, mal podemos planificar si desconocemos cuál es la estrategia del Gobierno», ha argumentado Camarero, que ha cuestionado que un ejecutivo «que es incapaz de acoger a los menores y que tiene obligación de acoger de asilo pretende que las comunidades autónomas hagamos su trabajo». «El Gobierno no puede trasladar la política migratoria y la responsabilidad de la política migratoria a las comunidades autónomas», ha sostenido.

En este contexto, ha indicado que la Comunitat Valenciana está «al 160% de la ocupación» pese a que en los últimos años el Consell ha incrementado el número de plazas de menores migrantes: «Porque somos una comunidad receptora, porque vienen a través de pateras, que están llegando durante todo el verano (...) y los acogemos sin ningún tipo de problema, pero también llegan de otras comunidades autónomas y en los cupos de mayores que el Gobierno está trasladando a la Península».

NO ES UN PROBLEMA «DE SOLIDARIDAD», SINO DE PLAZAS

Por lo tanto, ha recalcado, la Comunitat Valenciana no tiene «un problema de solidaridad», sino «de plazas y de posibilidad de acoger a más menores en el sistema». En cualquier caso, ha garantizado: «No vamos a dejar que, por la incapacidad de Sánchez de hacer una política migratoria que frene esta crisis migratoria que está habiendo, nuestra Comunidad falle en la protección de esos menores y en darles la dignidad que se merecen».

Según ha expuesto Susana Camarero, «cada menor en la Comunitat Valenciana nos cuesta 218,85 euros al día», pero «el Gobierno de Sánchez va a dar cero euros». «Ha presupuestado apenas siete millones, pero solo en función de los menores que vengan y solo durante los tres primeros meses», ha advertido.

Con todo, ha lamentado, desde el Consell «no podemos hacer estrategia ni podemos preparar los centros para los menores que puedan venir porque no sabemos cuándo ni cuántos ni en qué condiciones van a venir» y ha preguntado: «¿Van a venir menores con discapacidad, van a venir menores de 15, de 8, de 17 años, que es la media? ¿Van a venir menores enfermos que requieran algún tipo de atención?».

EL GOBIERNO DEBE «CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN»

Por tanto, ha sostenido que la «improvisación» del Gobierno en este asunto «hace que en este momento nosotros no tengamos ninguna posibilidad de prever cuál es la previsión o la propuesta». «Sánchez no es capaz de acoger a los 1.200 menores. Está dejando que cumplan 18 años para darles otra atención, pero sí que pretende que las comunidades autónomas hagamos su trabajo», ha denunciado.

La consellera de Servicios Sociales ha incidido en que los centros de acogida de la región están en este momento «al 160%» de su capacidad: «Tenemos un número de plazas de migrantes menores, y se lo hemos trasladado al Gobierno, de 319 y estamos en casi 500». No obstante, ha matizado que «las cifras varían, porque en cuanto cumplen 18 dejan de estar en el sistema y porque están llegando este verano en pateras».

Además, Camarero ha asegurado que ella se ha «sentado con las entidades que gestionan los centros de menores» y estas les han trasladado «que no tienen ni ubicación donde colocar a estos menores, dónde atenderlos y, sobre todo, no tienen personal para atenderlos con la calidad del sistema que estamos teniendo».

Ante esta situación, ha instado al Gobierno a «cumplir con su obligación y acoger a los menores solicitantes de asilo»: «Primero que cumpla con su obligación y que luego se siente con las comunidades autónomas y veamos cómo solucionar la crisis migratoria».