Intervención detecta riesgo de fraude en 38 empresas públicas del Consell

Según detalla el documento al que ha tenido acceso este diario, aprobado por el Consell, a propuesta de la Conselleria de Hacienda (de la que depende tanto la Intervención como el Sector Público) la gestión de la tesorería del sector público está «expuesta a riesgos, entre los cuales se encuentran los de fraude o error en la realización de pagos» para lo cual, cada entidad debe adoptar medidas y establecer procedimientos que eviten o reduzcan estos riesgos. Y es que, además, el sector público mueve una gran suma de fondos que se traduce en miles de operaciones bancarias que pueden dejar expuestas a estas firmas y acabar suponiendo una sustracción de fondos públicos como la que ya se vivió en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia, o en el Instituto Valenciano de Atención a los Servicios Sociales (Ivass). Sólo en 2019 se realizaron 69.068 operaciones bancarias para ingresar algo más de 3.069 millones de euros, mientras que se produjeron 72.624 movimientos para hacer pagos por valor de 3.119 millones. A 31 de diciembre de 2020, el ejercicio auditado, el número de cuentas bancarias en las que figuran como titulares entidades del sector público incluidas en este informe de control de la Intervención (38 empresas), ascendía a 271 cuentas, con un saldo global de más de 557 millones de euros. Una cantidad, que a juzgar por las conclusiones de los interventores, está expuesta a riesgos de estafa o fraude.

Según el informe de Intervención, en todas las entidades analizadas se han constatado debilidades, debidas principalmente a la inexistencia de un procedimiento único para la correcta identificación, alta y mantenimiento de los datos. Pero también por la deficiencia de las medidas técnicas para identificar de manera segura al cobrador o pagador, y por la falta de una base de datos de proveedores y cuentas bancarias de pagos que puedan ser contrastadas y verificadas antes de llevar a cabo las operaciones. Entre las 38 entidades examinadas en la muestra, algunas de las que presentan una peor situación en el mapa de riesgos y son más propensas a fraudes son empresas de gran importancia para el sector público empresarial, como la Epsar, el Ivass, Vaersa, el Instituto Valenciano de Cultura, el Aeropuerto de Castellón, la empresa pública de los bomberos (SGISE) o el Circuito del Motor. La situación es especialmente dramática en la Fundación Misteri d'Elx, la empresa pública de Reciclaje de Residuos Marina Alta (RRMA) o el Plan Cabanyal, con un alto riesgo en todas las áreas analizadas todas ellas. La Fundación Comunitat Valenciana Región Europea y Aerocas tienen riesgo alto en tres de las cuatro áreas analizadas: la de organización, la de gastos, la de pagos y la de controles.

De la muestra de 38 entidades examinadas, las mejor paradas son Ivace, la Sociedad Anónima de Mitjans de Comunicació, la Fundación Fisabio, el Consorcio Hospital Provincial de Castellón y el Consorcio del que depende el Hospital General de Valencia. Este grupo de entidades tiene riesgo bajo en tres de las cuatro áreas y medio en la de controles.

De la muestra examinada, en 31 entidades analizadas no se puede seguir la trazabilidad de los pedidos, así como su control. En 22 de ellas, la gestión de pagos no impide pagos de importes no contabilizados y en 10 no se lleva un adecuado control de los ficheros de pago que remiten las entidades bancarias. Un dato curioso, en pleno 2021 es que 37 de las 38 entidades analizadas no exigen identificación del proveedor mediante certificado electrónico, lo que dificulta la comprobación de sus datos.