La resistencia de Picardo dificulta el acuerdo entre España y Reino Unido sobre Gibraltar

Incluso en aquellas jornadas de celebración futbolística, todo parecía ir bien. El 18 de julio, tres días después de la exaltación patriótica de Cibeles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró tras reunirse con el recién elegido primer ministro británico, Keir Starmer, que el acuerdo 'post-brexit' sobre Gibraltar «estaba muy cerca». «Estuvimos muy cerca de poder llegar a un acuerdo con el Gobierno anterior, pero se anticiparon las elecciones en el Reino Unido, y el hecho de tener gobiernos progresistas en los dos países va a hacer que sea posible el acuerdo», dijo Sánchez, que no anticipó una fecha, aunque sí avanzó que la negociación se podrá cerrar «en los próximos meses».

La afinidad ideológica entre los dos ejecutivos de izquierda a la que apelaba el presidente español tuvo, de hecho, un primer reflejo: a finales de julio, la nueva mayoría laborista de la Cámara de los Comunes de Reino Unido forzó la disolución el Comité de Control Europeo (European Scrutiny Committee), un órgano de supervisión del Gobierno que se había opuesto firmemente a las bases de la negociación entre Reino Unido y la Unión Europea. Este comité, incluso, había pedido en mayo que se frenara el diálogo entre la UE y el Ejecutivo británico porque el acuerdo sobre Gibraltar podría representar «una disminución grave de la soberanía de Reino Unido».

El documento que debe sentar las bases sobre el nuevo estatus de la colonia recibió dos empujones el 12 de abril y el 16 de mayo, en sendas reuniones en las que participaron el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares; su entonces homólogo británico, el conservador David Cameron; el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.

Los negociadores hablaron entonces de la demolición de La Verja, la frontera entre la colonia y España, y también se pactó que el control de los pasajeros que lleguen a Gibraltar, desde donde podrán desplazarse por todo el espacio Schengen (sin fronteras), estará en manos de la agencia europea Frontex, a su vez supervisada por las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles. En una respuesta al PP en el Senado, el Gobierno aseguró que los policías españoles podrán moverse «libremente por el recinto fronterizo, de uniforme y portando armas».

«Tambor nacionalista»

Y aquí es donde han comenzado a saltar las alarmas en Gibraltar. Estas palabras indignaron al ministro principal del Peñón, la parte más dura en el diálogo cuatripartito. «Esa no era la posición que yo había entendido en la sala de negociaciones», afirmó en el periódico Gibraltar Chronicle Picardo, airado contra la posible presencia de «botas españolas» en el Peñón. «El tambor nacionalista es el más fácil de hacer sonar, aquí y allá», avisó.

Por su parte, España también da por hecho que el aeropuerto del Peñón será de uso conjunto y que se reanudarán los vuelos con Madrid y Barcelona, que ya funcionaron entre 2009 y 2011. Sobre economía, el acuerdo apunta a una progresiva armonización fiscal entre el Peñón y el territorio español que lo rodea y busca garantizar los derechos laborales de los 15.000 trabajadores que todos los días cruzan desde el Campo de Gibraltar al Peñón. El Ministerio de Exteriores español sigue viendo cerca el pacto. «Esperamos cerrarlo lo antes posible», declaró el pasado lunes el ministro Albares, que subrayó que el pacto es «bueno y equilibrado».

Pero Picardo recupera los argumentos de los representantes británicos más reacios al acuerdo, que se agrupaban en el ahora disuelto Comité de Control Europeo. Este órgano consideraba que si se establecían controles Schengen en el aeropuerto del Peñón, en lugar de en el pasó fronterizo de La Línea, «la frontera de Gibraltar sería británica solo por el nombre», y alertaba de la posible implantación de registros biométricos que causarían «retrasos significativos» para los gibraltareños que regresaran a sus casas o para los británicos en general.

El Gobierno británico ha justificado la disolución del comité en que, una vez consumado el 'brexit', el 31 de diciembre de 2020, este órgano, que se encargaba de analizar la transposición de las leyes de la Unión Europea a la jurisprudencia británica, «ya no tiene una función clara». Sin embargo, la conservadora Suella Braverman, exministra del Interior y cara visible del ala más derechista de los 'tories', aseguró que la eliminación del comité era «el principio del fin» del 'brexit'.

Moneda y sello

Gibraltar ha sido objeto de disputa entre España y Reino Unido durante los últimos tres siglos. Todos los gobiernos españoles, de cualquier color, están de acuerdo en que «Gibraltar es español». Por el contrario, la Roca es un territorio que mantiene «un vínculo inquebrantable» con el Reino Unido, señala el Gobierno de Gibraltar a la menor oportunidad. La última vez, el pasado 4 de agosto, cuando anunció que la Fábrica de la Moneda y los Correos Reales de la colonia emitirán una moneda de 50 peniques y un sello que conmemorarán los 320 años de «la toma de Gibraltar».

En un comunicado, el Ejecutivo de la Roca recordó que el 4 de agosto de 1704, «tropas angloholandesas comandadas por el almirante Rooke capturaron Gibraltar durante la Guerra de Sucesión española». «1704 fue un punto de partida para el establecimiento y la creación de una población gibraltareña distinta y separada de la de Reino Unido», proclama el Gobierno de Picardo.