¿Por qué rechaza Mazón la quita de la deuda?

La propuesta de quita de la deuda es fruto del acuerdo entre el PSOE y ERC, en ningún caso de una negociación entre el Gobierno y las CCAA. La condonación tiene como prioridad mejorar la situación de Cataluña, obviando la posición de las autonomías infrafinanciadas, como la valenciana. No es una propuesta en beneficio de las regiones, aunque a todas se les condone parte de su deuda, sino que se ajusta a las necesidades de una región, y luego se incorporan las demás.

La fórmula utilizada por el ministerio de Hacienda para calcular la cantidad de deuda a condonar a cada CCAA consta de tres fases y parte de estimar el grueso del reparto a través del criterio de población ajustada, para garantizar después que ninguna se quede por debajo del 19% de deuda (a cierre de 2023) y, por último, un ajuste para las comunidades autónomas que han tenido durante el período 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media. En esa última fase, Hacienda no eleva un solo euro la cantidad a condonar a la Comunitat, y sí en cambio al resto de CCAA infrafinanciadas (y de forma especial a Andalucía).

Las últimas cifras del Banco de España sitúan la deuda pública de la Comunitat por encima de los 60.300 millones de euros, la región más endeudada respecto a su PIB. Una quita de 11.210 millones de euros dejaría los números rojos de la Comunitat en el entorno de los 49.000 millones de euros, una cifra que seguiría siendo gigantesca y que mantendría el impedimento de salir a los mercados a financiarse a unos intereses razonables. Sería una mejora de la situación, evidentemente, pero sin mayores consecuencias reales.

Las estimaciones del Gobierno valenciano respecto al ahorro que tendría la administración autonómica en concepto de pago de intereses por la deuda acumulada sitúan en el entorno de los 165 millones de euros y no permitiría mayores recursos para gastar en servicios públicos ni ayudaría en las tareas de reconstrucción de la dana. Esos 165 millones «solo equivalen al 14% de lo que la Generalitat va a tener que pagar solo este año en intereses de la deuda: nada menos que 1.183 millones», se señala desde el departamento que dirige Ruth Merino.

La Comunitat Valenciana lleva más de dos décadas arrastrando modelos de financiación autonómica que la sitúan a la cola en términos per cápita. Ocurrió con el modelo de 2002, aprobado por el Gobierno de Aznar, y volvió a pasar con el de 2009, que Zapatero ya pactó con los independentistas. La quita de la deuda no afronta el problema clave, que es el de la necesidad de cambiar el sistema actual por uno que deje de situar a la Comunitat como la peor financiada por habitante, a más de mil euros de la mejor financiada, Cantabria. Y la propuesta de financiación singular para Cataluña difícilmente podrá aprobarse, a la vista del rechazo que genera entre la mayoría de partidos.

Para el Gobierno valenciano, igual que para los de las otras CCAA infrafinanciadas –Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha- la fórmula hasta que se reforme el modelo pasaría por habilitar un fondo transitorio de nivelación de los recursos que llegan a esas regiones respecto a los de la media que una quita de la deuda. Abordar la condonación de la deuda relega una vez más esta fórmula, a la que el Gobierno central ya ha mostrado su rechazo.

Todas las CCAA presididas por el PP abandonaron la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado mes de febrero en la que el Gobierno central planteó la propuesta de quita de la deuda. Una posición de rechazo frontal de la formación que preside Alberto Núñez Feijoó, que entiende que la iniciativa es una nueva cesión del Ejecutivo de Sánchez al independentismo. «Todas las CCAA tenernos derecho a decidir todos los asuntos que se tratan en este consejo», se detalló entonces desde el PP. La situación del Gobierno de Sánchez, cercado por las investigaciones judiciales y con una evidente debilidad parlamentaria, contribuye a que los populares ni se planteen respaldar la propuesta.

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha mostrado reparos al acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para condonar deuda. Una operación de condonación de deuda debe llevar aparejada una condicionalidad fiscal por un doble motivo: por los problemas de azar moral que rodean a este tipo de operaciones y por la necesidad de reforzar las garantías de cumplimiento de las reglas fiscales, sostiene. No tiene sentido, por tanto, hacer una condonación de deuda si no se garantiza que no se va a seguir acumulando deuda a futuro por encima de lo que permiten las reglas fiscales. Desde Fedea, la entidad que dirige el profesor Ángel de la Fuente, se ha advertido que la propuesta de quita «favorece a Cataluña y perjudica a Andalucía, Murcia y la Comunitat Valenciana».

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) considera que la condonación 'justa' de la deuda de la Comunitat Valenciana debería elevarse hasta los 17.800 millones, al incorporar la quita de parte del pasivo autonómico generado por la infrafinanciación. Según las estimaciones de la entidad que dirige Francisco Pérez, la propuesta del ministerio de Hacienda sólo cubre el 24% de la deuda valenciana generada por la infrafinanciación, cerca de 47.000 millones de euros.

El ministerio ha mantenido reuniones técnicas con las CCAA, consciente de que una cosa son las valoraciones políticas y otra muy distinta la oportunidad real de reducir los números rojos de una administración. De puertas afuera, el Gobierno valenciano traslada que la quita debe de ir vinculada a la reforma de la financiación. Pero, en todo caso, nadie del Consell se atreve a a asegurar que no se vaya a firmar el acuerdo con el ministerio para reducir en 11.210 millones esa deuda de la Comunitat.