La queja de Pradas a la jueza de la dana: dos meses sin noticias del Poder Judicial

La otra vertiente es la política, con las consecuencias que tiene para Presidencia el avance de las pesquisas. En este sentido, Carlos Mazón ha ganado algo de oxígeno. Y no se puede olvidar la reconstrucción, ahora mismo, la tarea más urgente para el Consell. Aparte de las anteriores derivadas, los dos investigados en la trama, la exconsellera Salomé Pradas y el que fuera su número 2 en el departamento, Emilio Argüeso, desean abrir otro frente cuyo último objetivo sería apartar a la titular del juzgado de las pesquisas.

La exdirigente autonómica presentó una queja al Poder Judicial en la que se relataban una serie de incidencias y problemas con la instrucción desarrollada, aunque buena parte de esas quejas eran de carácter jurisdiccional, es decir, podían resolverse con la Audiencia. El escrito se interpuso el pasado 14 de mayo tras el hartazgo de la defensa de Pradas. Hace unas semanas se añadió una ampliación.

Dos meses después no hay noticias de la tramitación de esa queja más allá de que se ha recibido en el Poder Judicial. El escrito, registrado como el 347/2025, debe estar en la mesa del promotor de la Acción Disciplinaria, el magistrado Ricardo Conde, quien se mantiene desde el anterior Consejo, aquel que estuvo bloqueado más de cinco años por la falta de acuerdo del PP y del PSOE. El compromiso del Poder Judicial es informar de cualquier decisión que se adopte.

El promotor tiene una primera fase de análisis. Comprobar si el relato y los argumentos de la investigada –las quejas solo las pueden presentar las partes de un procedimiento– reúnen material supuestamente disciplinario. Si la respuesta es negativa, se archiva directamente. En caso contrario se apertura lo que se conoce como unas diligencias informativas, un estadio intermedio. Se trata, en definitiva, de una primera criba acerca de la naturaleza de la información recibida. Si tras este periodo, las sospechas se mantienen se continúa con un expediente disciplinario que desemboca en una propuesta -o no- de sanción. Esto se decide posteriormente en la Comisión Disciplinaria, compuesta por siete vocales y la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló.

No existe un periodo establecido para esta primera fase como ocurre, por ejemplo, con la apertura del expediente. A los investigados les urge que el Poder Judicial estudie cuanto antes el caso porque consideran que la situación afecta directamente a la instrucción. Cada año se reciben una media de entre 10.000 o 11.000 quejas, según una entrevista que concedió Conde a El Confilegal. Pero sólo un porcentaje menor, alrededor del 6% pasan a esa segunda fase de diligencias informativas. Se da la circunstancia de que el letrado de la exdirigente Eduardo de Urbano ejercía de magistrado en la Audiencia de Madrid. Es decir, conoce bien los cauces en los que se debe desarrollar una instrucción.

La defensa citaba diferentes argumentos en su queja. Por un lado, el contenido de sus autos, con expresiones excesivamente contundentes -en algún caso han llegado a ser incluso irónicas- sobre la investigación. Del mismo modo lamentaba cómo había concentrado el objeto de la investigación desde el inicio dejando fuera vías que afectaban al Gobierno Central. También señalaba la denegación constante de diligencias e insinuaban la posible intervención de personas ajenas al procedimiento en esta voluminosa instrucción. Apuntaban directamente a la pareja de la jueza, también magistrado en la ciudad de Valencia.