À Punt debate si elude la ley al contratar una empresa externa para informativos

El presidente y la directora general de À Punt, Enrique Soriano y Empar Marco. / damián torres
El presidente y la directora general de À Punt, Enrique Soriano y Empar Marco. / damián torres

La dirección concede a una compañía gestionar seis cámaras, técnicos y auxiliares para noticiarios aunque la legislación blinda ese servicio público

F. R. VALENCIA.

La última reunión del consejo rector de la televisión autonómica valenciana el pasado viernes desveló el malestar entre buena parte de los consejeros con la directora general, Empar Marco, por su enfrentamiento con el presidente de la Generalitat a la hora de elaborar el presupuesto para 2019, asunto que ha quedado en un cajón a la espera de que se calmen las aguas y que la vicepresidenta Mónica Oltra, medie para que los 55 millones que da el Consell anualmente a À Punt sufran un incremento.

Pero el malestar no se ciñe sólo a la demanda económica de la directora general, sino por la gestión y la invisibilidad de la nueva televisión en la sociedad. Aunque también hay otro factor que ha enturbiado la relación: el acuerdo con una empresa externa que aporta cámaras y personal al estudio de informativos.

Se trata de un contrato adjudicado a la empresa CBM Servicios Audiovisuales, con domicilio social en Madrid, perteneciente a Secuoya Grupo de Comunicación, que ha generado dudas y al menos se ha hablado un par de veces en el consejo rector, aunque sus miembros optaron por enterrarlas como si nada hubiese sucedido, aunque se hubiera cuestionado la legalidad de la medida.

Quien levantó la liebre fue un consejero de Compromís, el sociólogo, profesor universitario y cantautor Rafael Xambó. Lo hizo en el consejo del 30 de julio, aunque el debate se retomó en toda su crudeza el 28 de agosto. En ese consejo la directora general, Empar Marco, reconoció que el contrato había sido adjudicado a CBM Servicios Audiovisuales, que era para incorporar cámaras que operarían en el estudio 3, el de los informativos.

En el pliego de condiciones del contrato se señala la contratación de seis cámaras para trabajar en el estudio de los informativos, realizar toma de imágenes y audio en los informativos y en casos excepcionales, grabar en los exteriores.

Fue entonces cuando se abrieron los ojos del resto de consejeros que no habían caído en qué suponía la incorporación de una empresa externa a los informativos de À Punt. Concluyeron que esa contratación de media docena de cámaras podía suponer un incumplimiento de la ley que regula la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y con ella a À Punt.

La ley señala en el punto 5 del artículo 8 que la Corporació y sus sociedades prestadoras del servicio público «podrán contratar con terceros la producción y la edición de determinados contenidos o programas», u otros servicios audiovisuales de acuerdo con la ley y el contrato programa con el Gobierno valenciano, «con excepción de los contenidos informativos que se entienden elemento esencial del servicio público audiovisual».

En el artículo 26.4 de la misma ley se acota que «la Corporación no podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos, salvo lo previsto en el artículo 9.2 de la presente ley», que habla de la posibilidad de firmar convenios de colaboración con el sector audiovisual, educativo y cultural, además de impulsar el intercambio de contenidos y la producción conjunta de informativos con otras entidades de servicio público -no habla del sector privado- para facilitar sinergias en la generación de contenidos.

Ante esta situación, el presidente del consejo y de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Enrique Soriano, se afanó en destacar que él firmó el documento porque pensaba que la contratación de una empresa externa que aportaba cámaras no influía en los contenidos de los informativos.

Y a partir de ahí, el silencio. Oficialmente no se ha vuelto a abordar el asunto, aunque la empresa contratada expone en su web que sigue «prestando servicios de refuerzo para la explotación de un estudio -no lo especifica- en la Corporación Valenciana de Medio Audiovisuales. Para acometer este contrato, Secuoya ha destinado un nutrido grupo de profesionales entre los que se incluyen técnicos de cámara y auxiliares de estudio».

El contrato se firmó a mediados de julio, asciende a 100.283,21 euros y su plazo de ejecución es de cuatro meses, por lo que, muy posiblemente, finalizará su prestación en el actual mes de octubre. El fondo de este contrato está relacionado con el presupuesto de À Punt, pues un tercio del mismo, no más, se puede destinar al pago del personal, ni un céntimo más.

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