La presidenta regional del PPCV y su número dos guardan silencio

valencia. Ni la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ni su número dos y secretaria general, Eva Ortiz, comparecieron ayer para hablar sobre la detención de Eduardo Zaplana, expresidente de este partido entre 1993 y 2004. Fue María José Català, en calidad de vicesecretaria, la que anunció el acuerdo con Génova sobre la forma de proceder tras la detención.

«Primábamos informar de manera diligente y no demorar en exceso la comparecencia», justificó Català, que indicó que Bonig tenía «agenda» y «actos de partido», Catalá definició la actuación del PPCV como «un indicador claro de la voluntad del partido de no ponerse de perfil», afirmó.

Quienes sí ofrecieron ayer su opinión fueron los presidentes provinciales de Alicante y Castellón, José Císcar y Javier Moliner.

«El PP valenciano defiende la tolerancia cero con la corrupción», afirmó Císcar que aseguró que la presidenta del partido, Isabel Bonig, «ya hizo la renovación necesaria». Císcar indicó que «los cargos que se han visto salpicados por casos de corrupción no están en la dirección del partido». El dirigente indicó que «somos defensores de la presunción de inocencia y si se demuestra que alguien ha hecho algo, que lo pague».

Javier Moliner afirmó que este tipo de noticias golpean «donde más duele, en el ámbito de la credibilidad personal de quien se dedica a la causa política». «Creo que es tremendamente injusto», dijo.

Para el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, del PP, el arresto supone «un mazazo» y «dolor» porque «fue un referente en la gestión municipal y autonómica» y porque es una noticia negativa para esta tierra.