Pradas abre un nuevo frente: presenta una queja al Poder Judicial por la actuación de la jueza de la dana

Pradas ha decidido ahora abrir un nuevo frente al margen de la instrucción judicial. Su letrado ha presentado una queja ante el Poder Judicial en la que denuncia determinadas actuaciones irregulares de la instructora. Se trata de una acción de incierto recorrido -habitualmente sin resultado- pero que la defensa de Pradas considera imprescindible en este momento porque la situación está afectando «gravemente el derecho de defensa». Esta queja, no obstante, no paraliza las diligencias de la instrucción. La causa continuará con su ritmo habitual.

Así, entre los motivos de queja, el letrado de Pradas cita el contenido «categórico» de los autos sin «una base probatoria». También lamenta la predeterminación del objeto de la instrucción, dejando fuera cuestiones que, según su criterio, deberían ser analizadas. En concreto, el papel de los responsables de otros organismos gubernamentales. De igual modo, añade en su escrito, el rechazo continuado de diligencias de descargo cuya práctica podría beneficiar la posición de Pradas.

Además, el letrado insinúa la posible intervención de personas ajenas al procedimiento en esta voluminosa instrucción -el escrito apunta a la pareja de la jueza, también magistrado- y lamenta que se limite el ejercicio de defensa durante las declaraciones que se han practicado hasta la fecha. También alerta del «uso de informaciones periodísticas no contrastadas» como base de determinadas resoluciones judiciales. Todo un cúmulo de acciones que debilitarían la posición de los investigados.

La exconsellera inicia de esta forma una ofensiva al margen del proceso judicial. Emilio Argüeso, su número 2 en el departamento y también investigado en el sumario, no se ha sumado, por el momento, a esta acción. Pero es un escenario que no se descarta.

El letrado de Pradas aprecia en esta serie de irregularidades un ataque a «a la imparcialidad y a la presunción de inocencia». Son dos principios que se consideran «esenciales» para mantener la confianza en el sistema judicial.

La defensa de la exconsellera profundiza en uno de los aspectos de la queja. «Llama poderosamente la atención la contundencia y apreciaciones -sin haber practicado más diligencias que la declaración de las víctimas- de las frases mediante las que imputa» a los dos dirigentes. Por ejemplo, censura que diga que el SMS fue «tardío y erróneo». O que las decisiones «se produjeron con un retraso todavía mayor». Se trata de conclusiones que, según su criterio, son más propias de un auto de final de procedimiento o de incluso una sentencia. Nunca de una resolución en una fase embrionaria de un procedimiento.

Lo anterior evidencia, según el escrito, que la jueza tiene una opinión «predeterminada» de lo que constituye la clave del expediente incluso antes de «haber escuchado a los investigados». De ahí, siempre según esta defensa, que rechace cualquier diligencia que se separe del ámbito de la Generalitat valenciana. «Se trata de una línea de investigación inamovible limitando descaradamente el derecho de las partes a ejercer la defensa».

El letrado de Pradas lamentó que no pudiera interrogar sobre determinados aspectos que consideraba relevantes a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Una comparecencia que se demoró durante siete horas, periodo durante el cual la instructora no concedió ni un descanso.

También se queja el representante legal de las notificaciones pese a ser esta una cuestión que no compete de manera directa a la instructora. Recoge, por ejemplo, cómo se le citó a una comparecencia de una testigo dos días después de que esta se hubiera celebrado. Lamenta esta representación procesal la lentitud del procedimiento, motivado en ocasiones por las numerosísimas acusaciones, más de 40, y los correspondientes recursos. Todo un círculo, resolución y recurso, que lastra el avance de las diligencias.

Pradas concluye que existe una manifiesta «falta de imparcialidad» de la instructora porque «aprovecha» cualquier tipo de resolución, aunque no tenga que ver con ella ni con Argüeso, para «atribuir de forma indiscutible la comisión de los delitos investigados».

Por último, entre los numerosos motivos que alega, insinúa la posible participación en la instrucción de la pareja de la jueza, también magistrado, pero de Instrucción 4 de Valencia. Aporta algunas informaciones periodísticas para sustentar esta tesis. La defensa considera que de ser esto cierto «se estaría vulnerando el derecho de las partes al juez predeterminado por la ley».