Podemos pide compartir el liderazgo de la acusación popular de la dana con la CGT
La organización sostiene que de esa forma se garantiza una «representación más plural y mayor capacidad de trabajo»
El sumario de la dana ejerce un enorme foco de atracción por su incidencia en el mundo político y social valenciano. Toda la actualidad está ... copada por la instrucción. Esto ha multiplicado el interés por ser parte en este codiciado sumario. La consecuencia es que se ha disparado el número de acusaciones populares. En este momento, una docena de las más diversas entidades ejerce la acción penal. La consellera Pradas y su número 2, Emilio Argüeso, solicitaron la agrupación con el objetivo de aligerar la instrucción. No resulta algo excepcional. Así se ha hecho, por ejemplo, en el caso Azud.
La Fiscalía secundó la propuesta. Aseguró que las debía liderar Podemos, que fue la primera organización en personarse. El partido fundado por Pablo Iglesias ha mostrado su desacuerdo. Propone, en cambio, compartir «generosamente» este liderazgo con el sindicato de la CGT, segunda organización en aportar la fianza. «Así garantizamos una representación más plural y mayor capacidad de trabajo», sostienen. Además, existiría otro motivo para plantear esta idea: «evitar que se adelante Vox o alguna otra acusación que está demostrando no estar interesada en conocer la verdad y que se juzgue justamente sino en hacer política contra unos en concreto».
La Fiscalía, en el informe que recientemente presentó en el juzgado, también apostaba por un reducir el peso de las representaciones populares y proponía que entre todas ellas seleccionaran a cinco portavoces. Todo queda en manos de la instructora que, de momento, no se ha pronunciado.
La acusación popular es la vía que permite a la ciudadanía ejercer la acción penal en un procedimiento. Existe una diferencia respecto al resto de acusaciones, la necesidad de prestar fianza. La jueza de la dana, tal y como marca la ley, ha establecido una cantidad que permitía a buena parte de las asociaciones acudir al procedimiento con un mínimo esfuerzo: 6.000 euros. Esta cantidad también es una salvaguarda para prevenir el uso fraudulento de determinadas organizaciones.
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