Los pisos de Tauroni en Miami lastran desde hace seis años el cierre del caso Cooperación

La situación parece enquistada y lejos de resolverse. El TSJ envió dos comisiones rogatorias en 2017, previamente ya había solicitado otro auxilio judicial, para proceder al desbloqueo y venta de las propiedades, a nombre de una sociedad de la mujer de Tauroni. Idéntico procedimiento se articuló también para una embarcación. Este dinero tendría como destino el pago de las responsabilidades civiles.

El Tribunal de Cuentas cifró recientemente en 800.000 euros la cantidad pendiente (incluyendo los intereses). El desbloqueo de estos apartamentos supondría la inyección de una importante cantidad de dinero.

Uno de los pisos está libre de cargas, pero se adeudan gastos de comunidad. El otro arrastra una hipoteca que hasta hace unos meses se costeaba con el alquiler del inmueble. Sin embargo, el residente ha sido desalojado como parte de las gestiones que se están efectuando en Estados Unidos, según la información que maneja Tauroni.

En ese patrimonio se incluye también una embarcación que en su día se valoró en un millón de euros. Hoy la falta de mantenimiento así como el hundimiento parcial de la nave han reducido considerablemente el valor.

Tauroni, en declaraciones a LAS PROVINCIAS, ha defendido ser uno de los principales interesados en que la venta se materialice y además se ejecute por el mayor importe porque eso supondría saldar la responsabilidad civil, la suya, pero también la de compañeros de banquillo.

«No consta que las gestiones desplegadas por la Sala a través de diversos y sucesivos recordatorios de las comisiones hayan dado resultado positivo», admiten desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El procedimiento pasa por una primer filtro de la Fiscalía y luego se sustancia ya en un órgano judicial, añaden. Desde septiembre del pasado año, el TSJ no recibe información de la magistrada de enlace de España en Estados Unidos. La última comunicación fue que se seguían registrando avances. Algo de esperanza entre tantas dudas.

Tauroni lamenta el procedimiento elegido. Asegura que insistió en el TSJ para que la venta se realizara de forma directa, tutelada por la Generalitat. De esta forma, mantiene que se habría agilizado el proceso y, además, se obtendría más dinero. Ahora, el hecho de que sean subastados –junto a las deudas– limitará la cantidad de dinero.

Una circunstancia que complica el horizonte de todos los condenados. Por ejemplo, la de Agustina Sanjuán, secretaria de la conselleria, que recientemente se quejó ante el TSJ de la inacción del tribunal. La exalto cargo, representada por Jorge García Gasco, lamentó que tenía embargada su pensión, una vivienda y un garaje «sin haberse lucrado». Y no es la única en esa situación.