Oltra y otros imputados podrán reclamar el pago de su abogado a la Generalitat

El caso Oltra, la investigación por un supuesto encubrimiento de una denuncia por abusos contra su exmarido, habrá supuesto unas cantidades económicas importantes y, además, inesperadas. Nadie imaginó nunca verse en un asunto de esta naturaleza.

El archivo provisional de la causa, todavía no es firme y queda pendiente de la decisión de la Audiencia, ha despertado la posibilidad de que los perjudicados reclamen a la Generalitat el coste de sus defensas. No se puede olvidar que los hechos por los que estaban imputados se produjeron en el ejercicio de su cargo público o bien desde su puesto de funcionario. No tiene ningún sentido que el desempeño de una responsabilidad en la Administración acabe minando tu propio patrimonio.

La ley recoge que la indemnización no es automática. Resulta imprescindible que, en el comienzo de la instrucción, en el momento que el funcionario o cargo público resulta imputado, este reclame ser asistido por la Abogacía de la Generalitat. El departamento autonómico, en un caso como este, desde luego, pero también en los de supuesta corrupción, suele alegar conflicto de intereses. Esta contradicción se aprecia de forma más clara en un supuesto de desvío de fondos. Por ejemplo, que la Generalitat tenga que defender a alguien que presuntamente se ha llevado dinero del erario. Es con ese informe de colisión de intereses con el que, en un futuro si el caso se archiva, se puede reclamar el coste de la defensa.

Mónica Oltra y el que fuera jefe de gabinete Miquel Real tienen la puerta abierta a esta posibilidad. Ambos solicitaron en su día la correspondiente asistencia de la Abogacía. Y es, además, algo que se plantean en un proceso que consideran injusto e instigado por la derecha más radical para apartarlos de la política.

La vicepresidenta pasó de una generosa remuneración como segunda máxima responsable del Consell a cobrar el paro. A lo que hay que sumar la separación de su marido, ahora en prisión por los abusos sexuales, lo que limita la posibilidad de una fuente extra de ingresos. Recientemente ha retomado su actividad de abogada. Miquel Real, por su parte, regresó a la docencia.

Existen antecedentes de reclamaciones similares en la Generalitat como el caso de Marisa Gracia, exgerente de FGV, que encontró pronunciamientos dispares en los tribunales. En el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, diferentes ediles en la pasada legislatura cobraron el coste de su defensa en causas penales iniciadas fundamentalmente por el denunciante del PP Luis Salom. Pere Fuset, por su parte, reclama 14.000 euros al Consistorio de sus gastos de defensa por la muerte de un operario en Viveros. Finalmente la familia de la víctima retiró la acusación contra él.