El fiscal respalda la petición del juez al TSJ para la imputación de Oltra

Ahora, se sumaría a la primera tesis al señalar que el escrito está «ampliamente expuesto y motivado», aunque evita claramente abordar el fondo del asunto, una cuestión sobre la que deberá pronunciarse en algún momento su compañero en el TSJ. Es decir, avala llegados a este punto la decisión de llevar el asunto al alto tribunal que será, «más que ninguna de las partes», el que deba responder si la exposición «está o no suficientemente motivada».

Conviene recordar que un pronunciamiento explícito sobre los indicios sería quizá precipitado teniendo en cuenta que, en breve, la Fiscalía del TSJ tendrá que informar al respecto. El ponente de la Sala de lo Civil y Penal, una vez reciba la causa, dará traslado al ministerio fiscal para conocer su postura, esta vez sí, sobre la existencia de indicios suficientes para encausar a la vicepresidenta del Consell.

Carmen Fenollosa, la cargo de Igualdad que no ha dejado de aportar documentación al juzgado más incluso en defensa de la Conselleria de Igualdad que en reivindicar la legalidad de su propia actuación, presentó la pasada semana un recurso contra la exposición motivada del instructor. Una resolución que llegó a la conclusión de la existencia de indicios sólidos y razonables de la supuesta participación de la vicepresidenta en toda la extraña operativa a raíz de la denuncia de la menor.

La líder de Compromís ha sido la única persona que hasta la fecha ha reconocido, en declaraciones a los medios de comunicación, que ordenó abrir un expediente informativo cuando ya conocía la existencia de una investigación penal por los abusos sexuales.

El ministerio fiscal, en la impugnación del recurso de la directora territorial de Igualdad, ha subrayado que la exposición del magistrado está «ampliamente expuesta y motivada» y solicita la «confirmación» de la resolución. En primer término, aclara que el escrito se limita a acordar elevar la causa al TSJ en relación «a la posibilidad de que sea necesario tener por investigada a Mónica Oltra».

El escrito del juez, dirigido a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, realiza, según el fiscal, una presentación del estado de la investigación «así como de las eventuales líneas de progreso con los problemas que el aforamiento plantea». La acusación pública sostiene que la exposición del juez es «exhaustiva» pese a que la defensa de Fenollosa llegue a «valoraciones divergentes de las del instructor a partir de hechos sustancialmente documentados».

La acusación pública impugna la tesis de Fenollosa de que si la causa se traslada al TSJ, por el aforamiento de Oltra, ella resultaría directamente perjudicada cuando, en realidad, la única circunstancia que varía es la del juez instructor. Además, aprovecha para reprochar a la responsable que recurra decisiones que no le afectan directamente. Al parecer, es la única de las imputadas que ha presentado hasta la fecha un recurso frente a la última decisión del magistrado. No es momento ahora para resolver acerca de un eventual sobreseimiento, apunta el fiscal sobre esta cuestión planteada también en el último escrito de la responsable de Igualdad.

El juez que investiga los hechos ha llegado a la conclusión, siempre con los indicios de que dispone, que no hubo un interés real en investigar los abusos del educador sino una «mera apariencia» de realizar determinadas averiguaciones, pero sin un ánimo de esclarecer lo sucedido. A esto se le suma, posteriormente, la apertura de un expediente por orden de la propia consellera para averiguar, en teoría, cómo se había actuado, el procedimiento administrativo.

Pero, en realidad, ese dosier se acabó convirtiendo en un completo trabajo para desacreditar a la víctima y restarle credibilidad. Una conclusión que alcanzaron en su día los magistrados de la Audiencia que condenaron a cinco años de cárcel al educador Luis Eduardo Ramírez y que calificaron ese procedimiento administrativo como «investigación parajudicial».

Una eventual imputación de Oltra desembocaría más pronto que tarde en una declaración judicial en el TSJ. Desde su partido, incluso la propia vicepresidenta lo asume, quieren enmarcar esa posibilidad en la más absoluta normalidad de una instrucción judicial pese a lo que sostenía ella respecto de los cargos populares cuando estaba en la oposición. Su compañera en Compromís, la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, mantiene que incluso en esa delicada situación, la vicepresidenta sería la candidata óptima de la coalición en unas futuras elecciones.