Oltra se aferra al fallo del Supremo sobre su ex para debilitar las acusaciones
Un pronunciamiento favorable del alto tribunal cuestionaría una investigación a la exconsellera por un delito que no ha sido probado
Mónica Oltra tiene una baza, una ventana a la esperanza, en la sentencia del Tribunal Supremo sobre los abusos sexuales cometidos por su entonces ... marido, Luis Ramírez Icardi.
El asunto lleva unos ocho meses en el alto tribunal sin fecha todavía de deliberación. No hay vista de momento para las partes, lo que siempre suele inyectar algo optimismo a los condenados. La decisión se espera, por los plazos habituales en otros asuntos, para dentro de unos meses, antes de que termine el año.
El docente fue condenado a cinco años de cárcel en el primer juicio. El TSJ obligó a repetir la vista al descubrirse que existía un informe favorable al acusado que por error no había sido aportado a la causa. En ese segundo proceso, se le impuso la misma pena ahora con la agravante de superioridad por prevalerse de su condición de profesor.
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El dictamen del Supremo resulta clave, evidentemente, para el educador condenado. Pero también puede tener consecuencias positivas para la defensa de Oltra en el procedimiento que ahora regresa a Instrucción 15. La expresión balón de oxígeno se repite con frecuencia, pero es exactamente eso lo que lograría la exvicepresidenta. Esto, al menos, antes de conocer el contenido de esa pieza secreta que ha acordado el titular y que ha generado cierta expectación sobre este nuevo vértice en las pesquisas.
Algunas fuentes sostienen que el Supremo puede rechazar la nulidad parcial que decretó el TSJ de la Comunitat
Una absolución de Icardi es poco probable, pero hay quien sí ve posibilidades en una repetición del juicio. Esto ya fue planteado en su día y posteriormente en el recurso. La defensa se quejaba de que el tribunal había perdido su imparcialidad al haber condenado en el primer juicio. El argumento era y es que si ya apreciaron la culpabilidad en ese primer dictamen ya estaban condicionados y no serían capaces de valorar en su justa medida la supuesta prueba de descargo.
Una repetición del juicio -sería pues la tercera vez- generaría un alivio de la presión mediática y política sobre la exlíder de Compromís. Aunque está por ver que cuando llegue ese desenlace, ese factor todavía sea importante. Si puede, no obstante, tener consecuencias jurídicas en el otro procedimiento, aunque se trate de dos asuntos que carecen de conexión material. Si no hay delito de abusos, o si este queda por probar, el encubrimiento -ella tiene la eximente por ser pareja del acusado- se cae por completo. No se puede encubrir algo que no tiene reproche penal. Esto beneficiaría también al resto de investigados en la causa. Entre ellos, la directora general de Infancia, Rosa Molero. También se haría realmente difícil, según algunas fuentes, la omisión del deber de perseguir delitos al no haber quedado acreditado este extremo.
La decisión sobre la condena al docente puede llegar en unos meses, pero se espera antes de que termine el año
La resolución del TSJ, en su día, sí apuntó a la posibilidad incluso de poder perseguir los hechos independientemente de que el Supremo no casara la sentencia. Ahora bien, otros juristas plantean más dudas. Incluso el propio instructor, con el visto bueno del fiscal, optó en su día por archivar las actuaciones a la espera de que el fallo fuera firme. La Audiencia le obligó a investigar con independencia del otro asunto en contra de su criterio.
La defensa de Icardi, al margen de cuestionar la nulidad parcial, mantiene que el tribunal ha valorado la declaración de la víctima de forma ilógica y esa incriminación de la menor no es suficiente para fundamentar una condena.
El testimonio de la adolescente se ha tratado de forma «obsequiosa y complaciente» y no se ha reparado en la supuesta intencionalidad de esa versión que era no regresar al centro de protección y vivir con la familia de su novio. Enumeró en este sentido todos los profesionales que dudaron de la credibilidad de la menor y subraya que no tiene «sustento probatorio» que esas personas buscaran proteger a la Generalitat.
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