La Fiscalía alerta del auge de abusos a menores y el maltrato familiar
Teresa Gisbert lamenta que algo «no estamos haciendo bien» para evitar agresiones de violencia de género entre adolescentes
Teresa Gisbert, fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia, ha efectuado este lunes un repaso sobre los aspectos y estadísticas más destacadas de su ... departamento. Lo hizo durante la apertura del Año Judicial, una de las pocas ocasiones en las que se informa de la actividad del ministerio público en la Comunitat.
Llama la atención el reconocimiento del trabajo de la Conselleria de Justicia. Ni Gisbert ni la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, mencionaron o reivindicaron, al menos con cierta intensidad, la falta de medios. Gisbert abordó el espectacular incremento de las agresiones y abusos sexuales ahora ya unificadas todas bajo la primera definición. Los procedimientos penales han aumentado tras el final definitivo de la pandemia y limitaciones debido a la emergencia sanitaria.
La responsable ofreció algunos datos preocupantes. En Valencia, por ejemplo, los delitos de agresión sexual se han disparado más de un 30%, mientras que los abusos sexuales crecen en un 60%. En Alicante, este tipo de ilícitos penales ha subido por encima del 30%.
Especialmente grave resulta el aumento de un 175% de las violaciones a los menores de 16 años. Es esa espiral alcista también destaca, por su aspecto negativo, el incremento exponencial de los delitos de robo con violencia, robo con fuerza en las cosas y los de casa habitada al igual que los hurtos en la provincia de Valencia. La delincuencia más común, aquella que padece el ciudadano con más intensidad y lógica preocupación.
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La violencia de género también encontró espacio en el discurso de Gisbert, quien reclamó la especialización de los juzgados de lo Penal. Incidió en la dispensa, la posibilidad de renunciar a declarar contra tu pareja, que sigue siendo uno de los motivos más habituales de sobreseimientos y sentencias absolutorias. No obstante, la situación ha mejorado tras las últimas reformas. Gisbert lamentó el incremento de la violencia de hijos a padres. Son habituales, señaló, por problemas psicológicos y alcohol y drogas. En el mismo marco, alertó acerca de la gravedad y abusos cometidos por menores. «Algo no se está haciendo bien desde la prevención», opinó.
También en estos supuestos se suele recurrir a la dispensa porque los familiares evitan declarar contra sus descendientes o ascendientes. Otro fenómeno llamativo es el aumento del maltrato protagonizado por menores, una circunstancia que demuestra lagunas en la educación.
Los delitos de odio también concentran la preocupación del ministerio fiscal. El número de ilícitos se han doblado. «El aumento de las denuncias puede ser por el incremento de la concienciación». En este ámbito, la infradenuncia –hechos que no se llevan a la Justicia pero realmente se producen– se calcula que se sitúa en el 90%.
De la Oliva tacha de «inadmisible» que siga en funciones por la parálisis del CGPJ
Pilar de la Oliva ha presidido la apertura del Año Judicial ejerciendo el cargo en funciones. Lleva en esta situación de interinidad desde hace algo más de 18 meses por el bloqueo del Poder Judicial. En su discurso, por tanto, era casi obligada una referencia a esta anomalía democrática que lastra la legislatura. Lo contrario no se habría entendido.
La responsable calificó de «retraso inadmisible» su propia situación, derivada directamente de la parálisis en la renovación del Consejo. Esto, en la práctica, impide la renovación de ciertos cargos judiciales. Al igual que la presidenta del TSJ, los titulares de la Audiencia de Alicante y de la presidencia de la Sala de lo Contencioso permanecen también en idéntica posición.
De hecho, De la Oliva reflexionó acerca de la negativa percepción que los ciudadanos tienen de la Administración de Justicia. Una reciente encuesta recogía que el 70% desconfía de la independencia de la Justicia en España. No obstante, según el análisis de la presidenta, este dato no estaría relacionado con el trabajo que los compañeros desarrollan en los órganos judiciales sino con «los conflictos» que impiden y «retrasan» la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
De la Oliva sigue, por su parte, sin desvelar sus planes para el futuro. No ha aclarado si se presentará a un tercer mandato en la presidencia o si, por el contrario, se reincorporará en el TSJ o incluso se jubilará.
Miembros de Jueces para la Democracia, asociación de magistrados de sensibilidad progresista, por ejemplo, no acudieron al evento en protesta por la situación que vive el Poder Judicial desde hace casi cuatro años ante la falta de acuerdo de los partidos. Su representación tampoco resulta especialmente significativa. No es la organización de mayor calado por número de afiliados. Además, más de la mitad de la carrera judicial no pertenece a ninguna asociación. Una circunstancia que, en ocasiones, pasa desapercibida.
De la Oliva se felicitó por la reducción de la pendencia, tasa de los asuntos que entran y los que quedan pendientes al final del periodo (un 18%) y reivindicó la independencia judicial. «Esto tiene un coste social importante, pero se asume». Lamentó, una vez más, el incremento de las denuncias por violencia de género.
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