El obispo auxiliar declara que la fundación del Papa se creó por orden del Vaticano

Esteban Escudero a su llegada a la Ciudad de la Justicia para declarar. /EFE
Esteban Escudero a su llegada a la Ciudad de la Justicia para declarar. / EFE

Esteban Escudero sostiene que el arzobispo García Gasco dirigía la entidad y que el evento religioso fracasó económicamente por la baja asistencia de fieles

A. Rallo
A. RALLOValencia

El obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero defendió ayer ante la jueza la naturaleza privada de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias. Es la misma idea que también sostuvo el expresidente de Les Corts Juan Cotino y la exsecretaria de la entidad, Henar Molinero.

El prelado insistió, además, en explicar cómo funciona la Iglesia, una institución jerárquica en la que las órdenes provienen de una estructura piramidal. Así, indicó que la fundación era dirigida por el entonces arzobispo Agustín García Gasco, pero que este, a su vez, recibía órdenes de dos cardenales que se encargaban de supervisar el evento. De hecho, recordó el desplazamiento de los dos purpurados a Valencia para determinadas cuestiones organizativas. De igual modo, según comentó, buena parte de los cuestiones de seguridad -en las que Cotino ofrecía su asesoramiento- se decidían desde la Santa Sede.

El arzobispo emérito de Valencia Agustín García Gasco murió en 2011, en Roma, de un infarto, cinco años después de la celebración del encuentro de familias. Se trata del primer asunto de corrupción en la Comunitat que ha salpicado directamente a la Iglesia. La otra causa abierta por la visita del Papa, el presunto amaño de las pantallas en el evento religioso, se cerró sin autoridades eclesiales procesadas.

Escudero explicó que la propuesta de la fundación fue una medida impuesta por Roma siguiendo el procedimiento que se había establecido en otros encuentros de familias, como el de Manila. De hecho, el fracaso económico del proyecto valenciano se debió a que no se cumplieron las expectativas de asistencia, cifradas en unos dos millones de fieles. Esta cifra se quedó en la mitad.

El obispo recordó que las reuniones del Patronato se celebraron todas en el Arzobispado y que normalmente las presidía el propio arzobispo o, en su defecto, él mismo. Destacó el papel escasamente activo de los políticos, es decir, Francisco Camps, Rita Barberá y Víctor Campos. Según su relato, la presencia de las administraciones públicas en la fundación (Ayuntamiento de València, Diputación de Valencia y Generalitat) fue testimonial y simbólica, con aportaciones mínimas legales de 10.000 euros. Escudero, ante los periodistas, se limitó a defender su actuación en la organización de la visita del Papa y la legalidad de todo lo que aconteció. Manifestó, a preguntas de los periodistas, que tenía la conciencia tranquila. «¿Cómo si no voy a dar misa mañana?», respondió a modo de reflexión.

La estrategia de los investigados pasa por negar la naturaleza pública de la fundación. Juan Cotino, que compareció el pasado lunes ante la jueza, entregó un informe de un Abogado del Estado en excedencia que desacreditaba la tesis de la Intervención de la Generalitat y de la Udef acerca del tipo de entidad que se discute. De darse por buena esta hipótesis, la investigación penal se derrumbaría. Se trata del segundo dosier de estas características que llega al juzgado y ambos coinciden en que la fundación era privada. Las defensas otorgan un gran valor a este último peritaje porque está elaborado por el funcionario que durante años representó al Estado en los asuntos por delitos económicos.

Justicia investiga cómo el prelado pudo entrar por la puerta trasera

La Conselleria de Justicia ha abierto una investigación para aclarar qué falló en el dispositivo de seguridad para que el obispo auxiliar pudiera entrar por la puerta trasera de la Ciudad de la Justicia, acceso reservado únicamente para profesionales de la Administración de Justicia. Su condición de investigado en el procedimiento judicial le obligaría a utilizar la entrada principal del edificio, como el resto de investigados o simples usuarios de las instalaciones. Únicamente si estuviera colegiado como abogado podría usar la puerta trasera. No parece ser el caso. La argucia le permitió evitar las cámaras de televisión a su llegada. Pero no pudo hacer lo mismo a la salida, que se produjo casi una hora después de terminar su comparecencia.

Las primeras indagaciones apuntan a que el obispo ingresó en el edificio mientras el agente de la Guardia Civil que controla esa puerta trasera comprobaba la identificación del letrado que le acompañaba, según informaron fuentes de la Conselleria de Justicia. Sin embargo, desde el departamento que dirige Gabriela Bravo esperan un informe de la Guardia Civil, el órgano encargado de la vigilancia de la sede judicial, sobre los hechos.

Una vez reciban el expediente se analizarán posibles medidas. Justicia ha realizado una importante inversión en sistemas de seguridad en sedes judiciales, en especial en la Ciudad de la Justicia, tras el incendio que obligó a cerrar parte de las dependencias. Una de las posibilidades que podrían plantearse es exigir la identificación a todos los profesionales que quieran entrar en el edificio.