Montero salvó al hermano de Ximo Puig para que pueda seguir optando a contratos públicos

El 21 de mayo de 2019, LAS PROVINCIAS adelantó la información de que À Punt había sorprendido a una de las empresas de Francis Puig y a dos de los hermanos Adell Bover pactando precios para ganar concursos de corresponsalías de la cadena autonómica. Las productoras Comunicacions dels Ports, Kriol y Canal Maestrat fueron expulsadas y la cadena presentó una denuncia la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que la derivó posteriormente al ente autonómico.

Estas productoras actuaron como un cártel para ganar adjudicaciones, fueron sorprendidas y la conselleria de Economía, tras el preceptivo informe de Competencia, impuso una multa de 43.000 euros al hermano de Ximo Puig y a sus socios –la sanción a Comunicacions dels Ports fue de 16.801 euros– y remitió el dictamen a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que aplicara también la medida que considerara oportuna por «falseamiento de la competencia».

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Desde Competencia de la Generalitat se remitió a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que finalmente adoptase una decisión y determinase si se aplica la prohibición de contratación para el cártel de las productoras, un veto de entre 12 y 18 meses.

En relación a estas empresas, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado esta semana un informe donde pide cuatro años de cárcel a Francis Puig por otro asunto distinto, un uso fraudulento de subvenciones a través de estafa mediante la presentación de facturas irregulares con las que justificó gastos que eran cubiertos con esas ayudas públicas. Se trata de actuaciones realizadas entre 2015 y 2019 que ahora el Ministerio Público ha desgranado en un informe demoledor.

Sin embargo, para el ministerio que dirige Montero, la empresa del hermano de Ximo Puig ha aprendido la lección. La Generalitat reclamaba la prohibición. Sin embargo, desde la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado desestima esa propuesta de sanción porque da por buenas las medidas que la firma de Francis Puig dice haber implementado para evitar la comisión de futuras infracciones.

Desde Comunicacións dels Ports se alegó que se había implementado un sistema de información y canal de denuncias para desarrollar medidas tomadas por la empresa. Igualmente, la firma que dirige Francis Puig recordaba que la supervivencia de esta sociedad depende en gran medida de los ingresos recibidos por contratos con el sector público, y la prohibición de contratar la situaría en una situación de insolvencia, «razón por lo que la primera interesada para que no se repita la actuación que motivó la sanción es la propia sociedad». Para el ministerio de Montero, las medidas adoptadas son «adecuadas, suficientes y fiables» y apela a un contrato de servicios que Comunicacions firmó con una empresa para prevenir irregularidades.