Montero aplaza la aplicación de la reforma fiscal y condena la de la financiación

En concreto, el documento plantea algunas recomendaciones en materia de IVA, como reducir parte de sus beneficios fiscales, y propone también introducir nuevas deducciones en el IRPF por hijos menores de 18 años o para salarios bajos, al tiempo que también apuesta por «ajustes» en la tarifa de este impuesto. También incluye una subida de impuestos sobre los carburantes y una armonización para las comunidades en Patrimonio y Sucesiones y Donaciones..

Montero ha aclarado que el informe del comité «no refleja la postura del Ministerio de Hacienda» y, por tanto, no anticipa las medidas que adoptará el Gobierno y que, en cualquier caso, siempre tendrán en cuenta la realidad económica. Además, ha descartado que el Gobierno contemple «hacer de inmediato ninguna subida fiscal» en el actual contexto económico, de recuperación aún de la pandemia y con la guerra en Ucrania, y ha enmarcado el informe para «el medio y largo plazo».

El medio y el largo plazo, así sin más, no resulta fácil de concretar. Pero la hemeroteca dice que la misma ministra Montero es la que, tan lejos como el pasado mes de noviembre, advirtió de que la reforma de la financiación tendría que llegar de la mano de una reforma fiscal. En una comparecencia en el Senado, la ministra explicó que esa reforma impositiva sería la que permitiría que las CCAA contaran con más recursos. Recaudar más para repartir más, por decirlo de una forma simple.

Pero ¿y si no se recauda más? Atendiendo a esa comparecencia de noviembre, aplazar la puesta en práctica de esa reforma fiscal, por bien fundados que sean los motivos, no hace más que retrasar de nuevo la reforma de la financiación. Si no se suben los impuestos no hay más recursos. Y en ese caso, no cabe cambiar la financiación porque ninguna CCAA va a aceptar ingresar menos de lo que percibe en la actualidad.

«El documento académico es una hoja de ruta, un diseño para que a lo largo de los próximos años contemos con un sistema fiscal más justo», ha insistido la ministra.

Lo abstracto del periodo temporal planteado difícilmente encaja con la teórica urgencia de acabar con la infrafinanciación que arrastra la Comunitat. Después de que el mismo ministerio de Hacienda presentara a principios de diciembre su propuesta de población ajustada para el nuevo modelo, y con las alegaciones de las CCAA ya sobre la mesa de Montero, lo cierto es que el Gobierno no había incluido este asunto en la conferencia de presidentes que debía haberse celebrado hace pocas fechas en La Palma.

Si a eso se suma que la propuesta de población ajustada fue objeto de enmienda a la totalidad por parte de la Comunitat Valenciana, la ausencia de fecha para que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que poner en común las alegaciones de las autonomías o para que el ministerio formalizara su nuevo modelo, y la decisión del Gobierno de dejar fuera de la planificación legislativa para 2022 la reforma de la financiación, las posibilidades de que ese cambio de modelo se pudiera llevar a cabo a lo largo de la presente legislatura se desvanecen.

Desde el Gobierno valenciano, la presentación de la propuesta del población ajustada del ministerio fue recibida con algarabía. Una «victoria colectiva de los valencianos», se dijo, en alusión a que se abría por fin el debate de la reforma. Más de tres meses después, la victoria colectiva ha dejado paso a una decepción colectiva, en la que ni existe novedad alguna sobre el tema ni, lo que resulta más preocupante, previsión temporal de cuándo podría haberla.