Mazón presiona a Sánchez para que pida ya la ayuda europea por la dana

El documento se remitió el pasado 5 de diciembre al Ejecutivo central, porque es éste el que tiene las competencias para solicitar a Bruselas la activación del mencionado fondo. La estimación de los 17.682 millones es el resultado de la valoración de los daños realizada por la Dirección General de Fondos Europeos y Sector Público a partir de la información suministrada por las distintas conselleries.

Los datos se han completado con el Informe del Plan de Recuperación de la Comunitat, los informes realizados por la Cámara de Comercio de Valencia y un informe de la Dirección General de Economía.

No obstante, lo que se reclama a Bruselas no es esa cantidad, sino algo menos de 5.000 millones de euros. En concreto, hasta 1.676 millones derivados de los fondos estructurales FSE y FEDER a través del nuevo mecanismo Restore, que mejora el porcentaje de cofinanciación del 60 % actual al 95 %, a los que se sumarían otros 3.000 millones equivalentes al 10 % de los recursos que corresponden a España en el programa operativo 2021-27 que el Consell ya ha pedido al Gobierno de España que sean derivados a la Comunitat Valenciana.

Los daños más cuantiosos identificados se refieren a infraestructuras de tratamiento de aguas transporte, puentes, energía o telecomunicaciones; centros educativos, hospitales y centros de salud, sedes judiciales, residencias de servicios sociales o vehículos del parque móvil de la Generalitat.

La cuantificación no incluye los daños ocasionados por la riada en equipamientos de competencia estatal ni local ya que la misma le corresponde realizarla al Ministerio de Hacienda.

Esta información fue trasladada el pasado 5 de diciembre al Ministerio de Hacienda. El plazo para formalizar esa solicitud es de doce semanas desde que ocurrió la catástrofe natural y la competencia para presentarla junto a la cuantificación de los daños corresponde al Ministerio de Hacienda.

La información enviada al Gobierno de España incluye tanto los daños ocasionados como los gastos elegibles, que corresponden a operaciones urgentes de primera necesidad y recuperación como el restablecimiento del funcionamiento de las infraestructuras y el equipamiento en los sectores de la energía, el agua y las aguas residuales, las telecomunicaciones, los transportes, la sanidad y la enseñanza.

La relación de actuaciones a financiar con cargo al Fondo de Solidaridad también incluye la puesta a disposición de alojamientos provisionales y financiación de servicios de auxilio destinados a las necesidades de la población afectada o el aseguramiento de las infraestructuras de prevención y medidas de protección del patrimonio cultural.