Marzà obvió las propuestas de llevar al fiscal más ayudas a los socios de Francis Puig

Marzà desoyó no sólo la recomendación que le hizo su jefe de servicio de Promoción, de la dirección general de Política Lingüística, a la vista de las irregularidades detectadas en la justificación de los fondos públicos por parte de Kriol Produccions, propiedad de los Adell Bover, socios del hermano del expresident de la Generalitat. También obvió la que ese mismo técnico firmó por el uso de las ayudas recibidas por Canal Maestrat, otra empresa con la misma propiedad.

Canal Maestrat recibió entre 2015 y 2017 -ambos inclusive- un total de 283.486,988 euros en concepto de ayudas «per al foment del valencià destinades a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa escrita i digital». En concreto, 105.913 euros en 2015, 63.468 en 2016 y 114.107,7 euros en 2017. Así lo acreditan los informes del plan de control de las ayudas recibidas por estas empresas, que firma Francisco Zamorano, jefe de control de Promoción de la dirección general de Política Lingüística, con fechas de octubre de 2019 y enero de 2020, respectivamente.

En el plan correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017, este técnico realiza exactamente la misma propuesta que para Kriol -y de la que ya informó el lunes este diario-. «Traslado del expediente al Ministerio Fiscal por si las conductas pudieran ser constitutivas de delito (artículo 55 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones)».

El mencionado artículo, dentro del capítulo de las infracciones administrativas de esa ley, es el que hace referencia a que en los supuestos en que la conducta pudiera ser constitutiva de delito, «la Administración pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal».

La propuesta de denuncia ante el Ministerio Fiscal es idéntica a la que aparece en el plan de control de subvenciones de Kriol. Tanto la iniciativa de llevar el caso a la fiscalía como la de solicitar el inicio del proceso de reintegro de todas las subvenciones públicas recibidas en concepto de ayuda «per al foment del valencià destinades a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa escrita i digital».

En el caso de Canal Maestrat, el citado jefe de servicio explica que en 2016, y referido al apartado de documentación presentada, Canal Maestrat, S.L «tenía que justificar un total de 161.138,67 euros y sólo ha justificado 78.872,4 euros». Además, no existe la posibilidad de comprobar si los programas emitidos en radio y subvencionados con este programa han cumplido las condiciones exigidas, porque la empresa explica que el programa se borra transcurridos seis meses desde su emisión.

El informe menciona una queja de una ciudadana, que afirmaba que Canal Maestrat S.L. «no emitió ninguna programación en valenciano -aunque las ayudas eran precisamente para eso-, que se había falseado la parrilla de programación e incluso que se habían falseado determinados programas por iniciativa de la dirección de Canal Maestrat, S.L». Y añade: «No podemos comprobarlo dada la no conservación de los programas por parte de la empresa».

El informe de control de subvenciones de 2015, realizado a partir de la propuesta de ampliar los planes de control a Canal Maestrat al resto de ejercicios, no menciona la propuesta de enviar la firma a fiscalía. Pero sí que insta a iniciar el proceso de reintegro de las ayudas públicas recibidas ese año (105.913,18 euros) más los intereses de demora.

Lo que la conselleria de Educación sí que hizo fue poner en marcha algunos de los expedientes de reintegro de las ayudas públicas concedidas a los socios de Francis Puig. Unos requerimientos que, no obstante, se quedan de momento en nada porque tal y como ha informado el TSJ valenciano se formularon fuera del plazo de un año que prevé la ley. Un retraso por parte del Consell del Botánico que se podría haber evitado si ese Ejecutivo hubiera dado por caducado de oficio su requerimiento y hubiera puesta en marcha otro.

El portavoz del PP en Les Corts, Miguel Barrachina, ha anunciado que su grupo solicitará los informes y los expedientes correspondientes a estas gestiones. «Esperamos que Marzà no se vaya a Bruselas –ha anunciado que optará a ser candidato para las elecciones europeas– sin dar explicaciones. Por el PSPV, José Muñoz ha recordado que todo lo que se ha judicializado sobre este tema «ha acabado en absolución».