El fiscal retira los seis años de prisión que pedía a la exgerente de FGV por amañar un contrato

Marisa Gracia entrando en la Ciudad de la Justicia de Valencia /Damián Torres
Marisa Gracia entrando en la Ciudad de la Justicia de Valencia / Damián Torres

Dos directivos aceptan haber modificado el documento y son condenados a nueve meses de cárcel

A. Rallo
A. RALLOValencia

La Fiscalía de Valencia ha retirado en el juicio celebrado esta manaña la acusación contra Marisa Gracia, la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, a quien hacía responsable de amañar un contrato de seguridad en la empresa pública para beneficiar a una mercantil. El fiscal Anticorrupción Vicente Torres reclamaba seis años de cárcel, petición que, en el último momento, ha decidido retirar. En cambio, otros dos exdirectivos de la empresa pública, Vicente Contreras y Manuel Sansano, han aceptado por estos mismos hechos nueve meses de prisión sustituibles por una multa, aunque uno de ellos no hará uso de esta posibilidad.

La gestión de Gracia al frente de la empresa pública no tiene, por el momento, consecuencias penales. Este asunto se ha cerrado ya, pero la otra investigación abierta en su día por fraccionamiento de contratos, expediente en el que Mónica Oltra también aportó información para continuar la causa, se sobreseyó en su día ante los informes exculpatorios de la Intervención de la Generalitat. La exgerente y los otros directivos de la empresa ya sólo tienen abierto el proceso por el accidente de metro en Valencia que costó la vida a 43 personas y otras 41 resultaron heridas. El siniestro está pendiente de juicio.

El contrato que se enjuiciaba esta mañana, según el relato del fiscal, salió a licitación en 2006 y se adjudicó en 2007 y estuvo orientado a la prestación de los servicios de vigilancia y protección de viajeros, instalaciones y dependencias de FGV en la provincia de Valencia.

Este contrato fue adjudicado por Marisa Gracia a la firma MED seguridad «tras dar orden a Sansano y Contreras para que modificaran la propuesta de adjudicación que había realizado Arturo Rocher, entonces jefe de Seguridad, con la finalidad de que dicha empresa resultase beneficiada por voluntad de Gracia sin atender a los criterios técnicos administrativos fijados por el funcionario nombrado a tal efecto», siempre según el fiscal.

 

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