Los mandatos caducados que no molestan a la izquierda

Las críticas que la izquierda viene dirigiendo hacia el máximo órgano de gobierno de los jueces, y hacia el TC en las últimas fechas, contrasta con la laxitud con la que la izquierda valenciana tolera la caducidad de mandatos en algunos entes e instituciones estatutarias de la Comunitat. Hasta seis organismos de distinta trascendencia institucional cuentan con algunos o varios de sus responsables con su mandato caducado y, por lo tanto, ejerciendo de forma prorrogada su responsabilidad. Atendiendo a las críticas vertidas contra el TC por la situación de algunos de sus miembros, la conclusión para estos organismos autonómicos también debería de dirigirse en la misma dirección, la de que sus decisiones han perdido toda legitimidad.

Y si de eso se trata, uno de los que se vería afectado de forma más inmediata es la Sindicatura de Comptes. El órgano fiscalizador de las cuentas públicas de la administración general de la Generalitat, de su sector público y de los ayuntamientos de la Comunitat tiene pendiente la renovación de sus principales responsables; el Síndic Major, Vicent Cucarella, y sus dos adjuntos, Antonio Mira Perceval y Marcela Miró.

La Sindicatura de Cuentas presentará esta próxima semana en Les Corts el informe anual correspondiente al Compte General de l'Administració de l'exercici 2021. Un pormenorizado análisis en el que la entidad –una de las más reconocidas por su escrupulosa labor de control y vigilancia de las cuentas públicas- analiza la gestión financiera del Gobierno valenciano. Cucarella, Mira Perxceval y Miró están en funciones desde junio pasado. Y el tripartito parece haber renunciado a resolver el puzzle de su renovación antes de las elecciones. Cucarella no puede seguir al frente de la institución, pero si de adjunto. Y los adjuntos no pueden seguir en sus puestos.

La situación de la Sindicatura es similar a la del Consell Jurídic Consultiu (CJCCV). No hay acuerdo para elegir a los cuatro miembros que debe proponer Les Corts para renovar el órgano que preside Margarita Soler. La institución estatutaria encargada de emitir los informes que dan carta de legalidad y validez jurídica a las normas que emanan del Gobierno valenciano ha visto renovada su ley, pero esa circunstancia no ha contribuido a despejar su futuro, por más que los socialistas mantengan la intención de que Soler repita al frente de la institución.

En Á Punt, el proceso para buscar sustituto a Mar Iglesias –en funciones de presidenta del consejo rector desde la renuncia de Enrique Soriano en enero de 2021- avanza con la presentación de tres aspirantes: Pau Vergara, Mar Adrian y Miquel Francés. Iglesias ya ha visto caducado también su mandato como miembro del consejo, de modo que ocupa el cargo con una especie de doble interinidad a la que, se supone, se pondrá fin en breve.

Otro tanto ocurre con el Consejo de Transparencia. La nueva ley que aprobó Les Cortes reduce, de cinco a tres, el número de sus miembros. Pero de la misma forma que ocurre con la Sindicatura de Comptes o el Consell Jurídic Consultiu, la necesidad de una mayoría cualificada imposibilita por ahora el acuerdo para la renovación. El Consejo de Transparencia ha ido incrementando su actividad sin demasiada colaboración por parte de la conselleria de Transparencia que dirige Rosa Pérez, más pendiente de dar la puntilla al actual consejo que de dotarle de medios, según las sucesivas memorias de actividad del organismo publicadas de forma anual.

La presidencia del Consejo Valenciano de Cultura, tras el fallecimiento de Santiago Grisolía, y el Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior también tiene pendiente su renovación.