El juez procesa al dueño de Avialsa y a un alto cargo de Aviación Civil

El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Sagunt ha cerrado una de las piezas separadas del caso Avialsa, la macrocausa de corrupción relacionada con el amaño de los contratos de extinción de incendios y que supuso la detención del exconseller Serafín Castellano. El final de la instrucción ha supuesto el procesamiento del dueño del holding empresarial, Vicente Huerta, del que fuera gerente Fernando Alandí y de Salvador Alepuz, un ingeniero que trabajó para Avialsa, que luego logró su plaza de funcionario en Aviación Civil y que terminó de Jefe de la Delegación de Seguridad en Vuelo de Valencia. Por último, también ingresó en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

El juez sitúa a Huertas y al funcionario de Fomento como principales responsables de esta trama. El instructor sostiene que pese a su responsabilidad en un organismo público participó en «toda una serie de actos administrativos» de las empresas de Huerta, como partes de revisiones de mantenimiento, revisiones de aeronavegabilidad... La actuación más importante fue la CAMO a favor de Aviarc, otra de las sociedades del holding de Huertas. Con este certificado, en definitiva, logró gestionar la aeronavegabilidad de los aviones Air Tractor de Avialsa, aparatos que participan en la extinción de incendios forestales. En la propiedad de Aviarc figuraba Alepuz, una circunstancia prohibida de acuerdo a su condición de funcionario. Es más, incluso un piso del ingeniero servía de sede social de la firma. Según la instrucción, nunca pidió permiso para compatibilizar su actividad pública con la privada, pero además debió abstenerse por la amistad que le unía a los dirigentes de Avialsa, con los que había trabajado previamente. Prueba de esa relación estrecha es que incluso participó en los proyectos urbanísticos que emprendió el holding y que hoy en día también se investigan en los juzgados.

El instructor desgrana una serie de correos electrónicos intervenidos durante las pesquisas judiciales que, según su criterio, demuestran esa participación encubierta del funcionario en todo el entramado del holding. La investigación ha permitido acreditar de manera indiciaria la especial relación existente entre Huertas y Alepuz. Las diligencias también recogen el asesoramiento que el funcionario ofrecía al empresario para la construcción del aeródromo de Víver. «Habla con Rubén, que estaba un poco mosca con las observaciones de la pista», le transmite en un correo electrónico entre los abundantes mails que componen la causa.

El juez insiste en la presencia de indicios de criminalidad en la actuación del funcionario público. Detalla el auto una serie de mercantiles, como Aviarc, Aeronur, Aeronurmas, Egeomar Gestión y Construcción, Alberta Norweg y Newtrade que tienen casi como único cliente a Avialsa. Alepuz participa en parte de esas mercantiles. Ese flujo de dinero que circula en el entramado repercute de alguna forma en el patrimonio del propio ingeniero. De hecho, el magistrado sospecha acerca de la cancelación de dos préstamos hipotecarios que pudo realizarse a través del dinero de procedencia ilícita. Además, en este punto, recuerda el juez que durante los registros se halló una tabla que especificaba este tipo de ingresos sospechosos.

El auto del juzgado dedica otro apartado a las dádivas que presuntamente recibió el alto cargo de Aviación Civil. Apunta a la compra de un Golf, valorado en 30.000 euros. En fechas próximas a la adquisición de este vehículo, Avialsa realizó una transferencia a Aviarca por un importe muy cercano al precio del automóvil. Otra de las mercantiles del emporio tenía un BMW, que según las investigaciones, al parecer, también era usuario de este turismo. Otro de los datos que maneja el instructor para apuntalar los indicios son las opciones de compra del funcionario sobre varias de estar mercantiles que apenas tenían encargos más allá de la empresa matriz de Avialsa.

El auto recoge que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de cohecho -el dinero que recibió de manera indirecta a través de las empresas-, un delito de negociación y actividades prohibidas a funcionario -por ese doble papel que representaba al dictar resoluciones para empresas en las que tenía interés- falsedad en documento público o blanqueo de capitales. Para Vicente Huerta, el cohecho activo y tráfico de influencias, idéntico ilícitos que atribuye al que fuera gerente Alandí. La resolución judicial supone dar traslado de las actuaciones a la Fiscalía de Valencia, que ahora deberá examinar el caso y presentar su escrito de calificación -si considera que hay delito- el archivo o, antes, solicitar más diligencias de prueba para aclarar algunos de los hechos.