El juez del caso del ex de Oltra, «perplejo» ante la falta de explicaciones de la directora territorial

Todo cambió, sin embargo, con el turno de Serra, cargo de relevancia del departamento autonómico hasta 2018. El instructor, que acostumbra a ser muy minucioso durante las declaraciones, incluso se vio sorprendido ante la escasa consistencia de las respuestas de la exdirectora y le reprochó, en un momento dado, que le estaba dejando perplejo. En concreto, cuando la mujer afirmó que desconocía la existencia de un procedimiento penal en marcha cuando ella decretó la apertura de un expediente que terminó convirtiéndose finalmente en un dosier para desacreditar y restar credibilidad a la menor.

El inicio de esta «instrucción parajudicial», en palabras de la Audiencia de Valencia, concentró buena parte del interés del juez y el fiscal. Indicó que la elaboración correspondió a una funcionaria, que declarará también como investigada en los próximos días. Y que la orden le vino dada por su superior, Rosa Molero, directora general de Infancia.

Esta alto cargo no está imputada, aunque la representación legal de la entidad que preside Cristina Seguí sí solicitó en su día la comparecencia como investigada. Respecto al hecho de que no se denunciara el caso inicialmente a la Fiscalía aludió a que eso era competencia de los técnicos. Su relato respondería a la idea de soy funcionaria y cumplo lo que me dicen. Llegados a este punto, el juez reflexionó alrededor de esta frase, más o menos textual. «Veo que apunta arriba y abajo, pero ¿qué responsabilidad tuvo usted en esto».

Serra sí admitió un error, la denominación del expediente como «Información reservada». Al parecer, reconoció que eso fue un fallo y ella lo que pretendió abrir es un procedimiento informativo. En todo momento, quiso insistir que se trata de algo habitual dentro de los protocolos de actuación de la Generalitat. El juez, en ese momento, le preguntó que si tan frecuente era esto, ¿por qué está datado como 1/2107?. Es decir, que a finales de año prácticamente sólo se había registrado este caso. Tampoco ofreció una explicación clara de cuál era el objetivo de ese dosier. De igual modo, no informó sobre cuándo conoció que el docente investigado era la pareja de la consellera. «En algún momento me enteraría», dijo según fuentes judiciales presentes en la sala.

La Fiscalía mostró un especial interés por conocer las peticiones que en su día realizó el departamento de Menores a la conselleria sobre el abuso a la menor que la Policía Autonómica había denunciado. Al parecer, existen dos oficios de los que consta el registro de salida desde Igualdad, pero no el de llegada a Menores. Esto ocurrió a finales de julio de 2017. Serra indicó que estaba de vacaciones.

Diferentes fuentes consultadas coincidieron en que el testimonio no resultó creíble. Se limitó a «echar balones fuera» y no fue convincente. Dejó numerosas respuestas en el aire. Este miércoles, de nuevo, más declaraciones. Y otra vez en horario vespertino. Desde las 17 horas, acudirán al juzgado Isabel Añón, la psicóloga de Igualdad; María José Navarro, la instructora del expediente y Inmaculada Martín, psicóloga de la Sección del Menor.

Aparte de la Fiscalía, tres letrados ejercen la acusación. Por un lado, la representación de la menor, a cargo del presidente de España 2000, José Luis Roberto. Además, también figura una entidad presidida por la tertuliana Cristina Seguí y el partido Vox. Esto ha llevado a la vicepresidenta a calificar este procedimiento como una ofensiva de la «extrema derecha» contra ella. Este martes ha lamentado la estrategia de las acusaciones basada en «mentiras» contra personal de la Conselleria de Igualdad que dirige. Sin embargo, fueron el juez y el fiscal los que realmente interrogaron a los investigados, que se negaron a contestar a las acusaciones populares y a la particular.

A juicio de Oltra, esta investigación está «empastrando a funcionarios y trabajadores públicos y de entidades sin ánimo de lucro que hacen su trabajo profesional» y lamentó una vez más que «para hacer guerra política» estén «haciendo pasar un mal rato a estas personas», con «mentiras» que asegura que se van a desmontar.

El objetivo de las acusaciones consiste en reunir suficientes indicios delictivos contra la vicepresidenta para llevar la causa al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat al estar aforada la consellera.