La juez de la dana requiere por segunda vez al Gobierno para que informe sobre las presas

El auto de la juez del pasado 5 de diciembre acordaba una serie de informes y datos sobre las tres presas que se vieron amenazadas por la emergencia. La medida derivaba de la petición de uno de los letrados personados en la causa, que representa a una de las víctimas mortales. Ese juzgado investiga las circunstancias del fallecimiento de 75 personas por la riada.

La instructora concedió entonces un plazo de diez días para contestar al requerimiento. Un periodo que no se respetó porque el día 15 del mismo mes volvió a requerir toda la información al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. En ese momento dio otros cinco días de margen. Diciembre y enero son meses con menos días hábiles debido a las fiestas de Navidad.

La falta de respuesta ha irritado a alguno de los letrados que no ha dudado en presentar un escrito en el que reclama que se requiera por tercera vez al Gobierno para que remita la información solicitada, pero además, que amenace con un apercibimiento en el caso de que no cumplan con lo remitido. Es decir que la persistencia en esa ausencia de información tendría consecuencias. De momento, la titular no ha contestado a esta petición.

La juez quiere conocer la información de tres pantanos: los de Forata, Loriguilla y Buseo y el estado de sus cauces. Estos pantanos, y sobre todo sus presas, fueron el escenario principal de la tensión vivida en la tarde noche del 29 de octubre.

La infraestructura estuvo al borde del colapso y se temió por su integridad, lo que obligó a desaguar más de un pantano de su capacidad hasta el día siguiente. Algunos municipios, como Algemesí, aseguraron no haber recibido aviso alguno que les alertara de la apertura de compuertas en Forata, a pesar de que los propios documentos de la Confederación señalan que la incorporación de este agua al ya crecido río Magro aumento los daños sufridos por la población de la Ribera. También ha reclamado información al Ministerio el organigrama directivo y técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

La magistrada reclamó al Gobierno datos sobre la clasificación de los embalses en función de la peligrosidad (A, B o C), los coeficientes de seguridad, planos, número de aliviaderos, estados de almacenamiento desde las 0 horas del día 28 de octubre hasta las 0 horas del día 31 de octubre de 2024, secuencia de llenado y gráficas. La jueza también quiere saber si se determinó laminar y cuándo, qué caudal por metros cúbicos, qué sistemas de avisos hubo a la población y si se emplearon, así como la hoja de control de las tres presas.

Las diligencias amenazan con eternizarse por la complejidad del asunto y las numerosas víctimas mortales (227). Resultará imprescindible que pida un refuerzo a medida que el sumario gane volumen. La Fiscalía, por su parte, ha creado un equipo de cinco profesionales, con expertos en las distintas disciplinas, medio ambiente y anticorrupción, para llevar el asunto.