La juez de Azud decreta los diez primeros archivos del caso, entre ellos, empresarios de Secopsa y Cyes

En las últimas semanas se han acordado algunos sobreseimientos, como el de las empresarias Mari Carmen y Amparo Prieto, representadas por el letrado Ignacio de Guzmán. O el caso de Fernando Huet, el que fuera dirigente de la constructora Cyes. También se ha decretado el archivo para Juan Morote, el directivo de la Universidad Católica, que supuestamente participó en el proyecto para la construcción de un hospital privado.

En el caso de Secopsa se trata de dos hermanas de Vicente Prieto. Los archivos se han producido, además, con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción. Por tanto, no será recurrido ya que, por el momento, no hay más acusaciones en esta causa.

El auto recuerda que en noviembre de 2017 se acordó seguir la investigación contra el citado grupo empresarial, uno de los principales contratistas del Ayuntamiento de Valencia en la época del PP, y contra los directivos de esta y otras mercantiles relacionadas con el conglomerado.

Las dos imputadas eran consejeras de delegadas de Saprico, una firma accionista de Secopsa y Edificaciones Prieto, entre otras. Esto llevó, según la juez, a que desde el principio aparecieran como investigadas porque el objetivo consistía en averiguar la relación entre la sociedad y determinados pagos, ahora bajo sospecha, al letrado José María Corbín.

Una de las diligencias fue la apertura de sendas cajas de seguridad que tenían las dos mujeres en una entidad bancaria por si existían allí documentos comprometedores relacionados con la investigación en curso. Encontraron más de 300.000 euros en efectivo. Pero sin ninguna relación con la investigación en curso. Ahora, debido al tiempo transcurrido sin que existan más indicios de criminalidad, procede el archivo de la causa, según la resolución judicial.

Otra de las personas beneficiadas con el avance de las pesquisas es un trabajador de Jaime Febrer, el supuesto cabecilla de la trama. Las explicaciones aportadas han sido suficientemente convincentes para la autoridad judicial.

De igual modo, la causa termina para Fernando Huet, el que fuera directivo de la empresa Cyes. Las explicaciones ofrecidas por su defensa han demostrado que no pudo tener participación directa en los pagos al cuñado de Barberá que se encuentran ahora mismo bajo la lupa de Anticorrupción. La mercantil era una de las habituales de la obra pública en la Comunitat. Su nombre apareció en las pesquisas por la financiación ilegal del PP en la ciudad de Valencia, en el sumario del caso del Puerto de Valencia -archivado finalmente- así como en el auto de la Fórmula 1.

Juan Morote también ha resultado ya exculpado de esta investigación. El que fuera en su momento gerente de la Universidad Católica de Valencia ha quedado fuera de toda sospecha. La imputación se produjo en su momento también por pagos a Corbín desde una mercantil donde formaba parte del consejo de administración y por las supuestas gestiones en la redacción de las bases de un concurso para un futuro hospital privado en la ciudad. Morote admitió su relación con Alfonso Grau y que se puso a disposición del exvicealcalde del PP porque así se lo ordenaron desde el Arzobispado.