El juez de Azud cede la gestión de todos los bienes y dinero de Corbín, Grau y Rubio a un organismo del Gobierno
El instructor pretende que se obtenga rentabilidad de las cantidades, que sólo en el caso del cuñado de Barberá superan los 800.000 euros más un chalé de lujo
El instructor del caso Azud ha tomado una determinación: transferir todo el dinero decomisado a la trama, millones de efectivo y propiedades, algunas de lujo ... como el exclusivo chalé del cuñado de Rita Barberá en Xàbia, a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (Orga). Se trata de un departamento que fue creado precisamente para colaborar con las autoridades judiciales en la gestión, pero también en la búsqueda de patrimonio en causas de especial complejidad. Fundamentalmente, asuntos de corrupción. La entidad nació tras la reforma del Código Penal de 2015 y depende del Ministerio de Justicia.
Sólo en efectivo, la cifra se acerca a los cinco millones de euros. Se trata de las cantidades bloqueadas en cuentas, depósitos, planes de pensiones y otro tipo de productos bancarios. Resulta imposible averiguar la cifra total porque no se registra el valor de las propiedades. Sin embargo, solo el chalé de los Corbín asciende a varios millones de euros, según las fuentes consultadas en su día. En cuanto al dinero, es también el letrado valenciano el que se sitúa en los primeros puestos de la clasificación monetaria. Entre las cuentas de su despacho -el negocio se desplomó tras el estallido del caso Azud- y las de sus hijas y él mismo se supera el millón de euros.
Mónica Montoro, una de las empresarias salpicadas por la trama, también dispone de un ingente patrimonio. Casi 2,5 millones de euros han sido bloqueadas durante la instrucción. Jaime Febrer, según los investigadores de la UCO, se sitúa como el cabecilla de la red en el bando empresarial. Era el artífice de la conocida como trama de los colegios, en la que el Ayuntamiento cedió una serie de solares a un holding a cambio de que estos asumieran una deuda con las congregaciones religiosas. En su caso, se bloquearon 72.000 euros. Pero, además, tiene trabado un piso en la avenida Marqués del Turia y dos Porsches.
Rafa Rubio, el referente del municipalismo del PSPV y exsubdelegado del Gobierno, es otro de los nombres clave de la trama. La UCO le acusa de aceptar un soborno de 300.000 euros -la cantidad no está determinada con certeza- por guardar silencio ante la operativa de la trama de los colegios. El juzgado tenía bloqueados casi 300.000 euros.
Una cifra similar a la de Alfonso Grau, el que fuera vicealcalde de Valencia en la época de Barberá y quien ha sido condenado por ser el 'arquitecto' de la financiación ilegal del PP en la etapa de mayorías absolutas. El exlíder de los populares, también condenado por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, sigue con un bloqueo de casi 300.000 euros. Además, su patrimonio se completa con una sociedad en la que cuenta con dos inmuebles, según las investigaciones. Los agentes mantienen que utilizó dinero de las comisiones para este tipo de operaciones.
No es la primera vez que la Orga asume responsabilidades en asuntos de corrupción de la Comunitat. Por ejemplo, en su momento, ya manejó alrededor de siete millones de euros en efectivo de la operación Erial que la Fiscalía atribuyó directamente al exministro Eduardo Zaplana. El objetivo, obtener rentabilidad de todos los activos. También se encargó a los especialistas de Justicia que buscaran posibles fondos en el extranjero en el marco de las investigaciones del caso Imelsa, con Alfonso Rus a la cabeza. Siempre se pensó que aquella trama disponía de dinero fuera de España. Nunca se encontró.
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