El juez autoriza dar un informe del caso Imelsa a una entidad europea contra el fraude

A. RALLO

valencia. El juzgado que instruye el caso Imelsa autorizó ayer el envío de un informe a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) sobre la empresa pública, foco de numerosas irregularidades en la etapa del gerente Marcos Benavent y de Alfonso Rus en la Diputación de Valencia. El instructor argumenta que existen indicios de que Imelsa recibió una doble aportación de fondos. Por un lado, subvenciones del Fondo Social Europeo y por otro, de organismos como el Servef o la Diputación de Valencia. Adelanta la resolución que si a lo largo de la investigación aparecieran más datos que pudieran causar un perjuicio a los intereses europeos, también se les remitiría la documentación.

Llama la atención cuando se ha registrado esta contestación. A finales de 2016, el Ministerio de Hacienda se dirigió al juzgado en nombre de la Olaf. En aquel escrito se mencionaba que la oficina antifraude europea «había tenido conocimiento de la investigación relativa a los supuestos sobrecostes cargados a empresas que se beneficiaron de contratos adjudicados por los diferentes niveles de la administración pública de la Comunitat». Desde la UE se estaba procediendo «al análisis de la información disponible, de cara a la posible apertura de una investigación». Se les ha contestado un año más tarde.

El juzgado, por otra parte, acordó dirigirse a un juzgado de Primera Instancia para que transfiera las cantidades que constan a favor de Marcos Benavent por una renta de alquiler. El arrepentido quiere empezar a devolver ya parte de lo malversado en la trama delictiva.

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