El IVIE defiende que acabar con los privilegios financieros de País Vasco y Navarra permitiría a la Comunitat incrementar sus ingresos en 2.200 millones

El IVIE, que apuesta no obstante por «fórmulas de cogobernanza fiscal distintas de las practicadas hasta ahora en el régimen foral y también de las que se proponen en el acuerdo PSC-ERC», precisa que no propone un modelo como el de la financiación singular catalana, sino que analiza qué condiciones debería cumplir una iniciativa como ésta para mejorar la equidad de la situación existente. Y constata que «la falta de equidad del actual sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014, provoca desigualdades entre las CCAA de régimen general, con la Comunitat Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía a la cola de recursos para atender los servicios básicos de sus habitantes».

Dicho eso, la prestigiosa entidad valenciana señala que un sistema que respete realmente la igualdad de recursos entre las comunidades «debe incluir a las comunidades forales». El trabajo describe los pasos que se deberían dar para poder alcanzar ese objetivo si las comunidades recaudaran todos los tributos, como se ha propuesto en la negociación con Cataluña. El primer paso sería distribuir la recaudación entre el Estado −para financiar sus actuaciones en todos los territorios− y las administraciones autonómicas.

Para ello habría que estimar el cupo que el conjunto de las comunidades tendría que aportar al Estado para garantizar la financiación de los servicios que este presta directamente a los ciudadanos. Los autores del informe proponen basar la aportación al Estado de cada territorio en un mismo esfuerzo fiscal de cada autonomía al pagar el cupo, es decir, teniendo en cuenta su renta per cápita. En el modelo actual, País Vasco aporta el equivalente a un 5,6% de su PIB y Navarra un 7,1%, frente al 9,3% de la media de las regiones.

El segundo paso sería nivelar la capacidad financiera de las comunidades una vez pagado el cupo al Estado. El análisis contempla que cada comunidad destine -como regula el sistema de financiación actual de régimen común- el 75% de sus recursos restantes a un fondo de solidaridad interregional similar al actual Fondo de Garantía. De ese modo se igualarían los recursos disponibles para prestar los servicios públicos fundamentales en todos los territorios. A diferencia de lo que sucede con el sistema vigente, País Vasco y Navarra deberían participar en el fondo de solidaridad como el resto de las autonomías.

El estudio, elaborado por José Antonio Pérez (Universitat Politècnica de València), junto al economista del Ivie Juan Pérez, insiste en que estos criterios de responsabilidad fiscal, equidad y solidaridad han de aplicarse al conjunto de las comunidades autónomas, incluyendo a las forales. La situación actual, con estas dos comunidades excluidas del sistema de financiación general, provoca un rango de diferencias entre la comunidad mejor y peor financiada (País Vasco vs Comunitat Valenciana) de casi 80 puntos porcentuales en recursos por habitante ajustado. Una realidad incompatible con los preceptos constitucionales que rechazan los privilegios económicos o sociales entre regiones.

El cambio a un sistema más equitativo que redujera las desigualdades implica que algunas regiones aumentarían sus recursos mientras que otras los reducirían. En concreto, País Vasco vería recortados sus ingresos en 4.890 millones de euros y Navarra en 854 millones, mientras que Andalucía y Comunitat Valenciana los aumentarían en 2.353 y 2.209 millones de euros, respectivamente. Las comunidades ricas que actualmente se sitúan cercanas a la media (Cataluña y Madrid) mejorarían también significativamente sus recursos, pero menos que las actualmente infrafinanciadas.

Para compensar las pérdidas iniciales de las comunidades actualmente mejor financiadas, el informe del Ivie valora la posibilidad de arbitrar un fondo temporal que facilite la transición y garantice la estabilidad de las finanzas autonómicas de las comunidades afectadas. El importe estimado que el Estado debería aportar para crear dicho fondo sería de 8.538 millones de euros, lo que equivale al 0,6% del PIB. Sería un coste asumible si, de este modo, «se lograra resituar progresivamente la financiación autonómica en unas coordenadas coherentes con los principios de equidad y solidaridad», destacan los autores.