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El exsíndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, en la comisión de Les Corts. irene marsilla
La Intervención y el exsíndic no ratifican los 1.000 millones de sobrecostes en Ciegsa

La Intervención y el exsíndic no ratifican los 1.000 millones de sobrecostes en Ciegsa

El Consell sumó dos conceptos distintos para redondear una cifra que no hace referencia a la diferencia entre el precio inicial y el definitivo

F. M.

Miércoles, 27 de septiembre 2017, 20:17

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¿Qué son los sobrecostes? El concepto financiero del término hace referencia a aquella cantidad que excede al coste o costo inicialmente calculado o establecido. Esa es la definición 'técnica', la que utilizan incluso los economistas o los interventores para hacer referencia a la diferencia existente entre el presupuesto inicial y el definitivo de cualquier obra. Otra cosa es que el término pueda recibir un uso distinto, más elástico y discutible, relativo a aquellos gastos que podría haberse evitado en determinadas circunstancias.

El exconseller de Educación, Alejandro Font de Mora, proclamó el lunes en Les Corts que los 1.000 millones de euros de sobrecostes en Ciegsa que el actual Consell denunció en enero de 2016 eran un invento. Para sostenerlo, se apoyó en el informe de la viceintervención general de control financiero -autora del informe que sirvió de base a los consellers Vicent Soler y Vicent Marzà-. En ese documento, la cifra que corresponde a la diferencia entre los importes licitados y los definitivamente adjudicados -el equivalente a los sobrecostes- se define como 'desviación' y alcanza los 309 millones de euros, exactamente el 19% de diferencia entre licitación y adjudicación. Aquí no hay mil millones, sino una tercera parte escasa, porque lo que se contabiliza en el cuadro elaborado por la vicentervención (entre los años 2001 y 2012) es el incremento del coste abonado respecto al cálculo inicial.

La tesis de Font de Mora no es muy distinta de la que expuso el exsíndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, en una comparecencia antes de verano en la comisión de investigación en Les Corts de la empresa pública. En aquella comparecencia -que fue muy criticada por parte de los grupos que dan apoyo al Consell- el exresponsable del órgano fiscalizador dijo haber detectado en alguno de sus informes 900 millones de deuda en Ciegsa -la firma se endeudaba para construir, y posteriormente recibía el dinero de la Generalitat-, pero en ningún caso una cifra redonda de 1.000 millones de euros de sobrecoste. En la documentación que entregó ese día a los diputados, Queralt detectaba algunas irregularidades, pero también reconocía las mejoras en la fiscalización de contratos, que la Intervención General, a través de una empresa privada de auditoría, había emitido hasta cuatro opiniones favorables sin salvedades. Y que los informes de la Sindicatura fueron remitidos al Tribunal de Cuentas y a su Fiscalía «sin que se tenga constancia de que exista la exigencia de responsabilidad contable».

¿Y los 1.000 millones? Cuando Soler y Marzà revelaron esta cifra y la identificaron como sobrecostes, lo que hicieron fue bautizar dos conceptos distintos: por un lado, contabilizaron los 457 millones de euros que, según la viceintervención, sumaban los gastos de Ciegsa -costes financieros, servicios exteriores y personal-. Por el otro, estimaron en unos 540 millones la diferencia, que el informe sitúa en el 36%, entre el coste de construir un colegio por Ciegsa y la diferencia si hubiera sido la conselleria de Educación la que la hubiera llevado a cabo. La suma son 997 millones, los 1.000 que ahora se denuncian como sobrecostes que, en realidad, no corresponden a las obras, sino a la propia creación de la empresa pública Ciegsa. Un ejercicio que no tiene en cuenta si la conselleria también habría tenido que endeudarse -y por lo tanto, contraer costes financieros- y que obtiene un porcentaje (el 36%) sobre un solo centro.

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