La Intervención detecta que el cártel de Francis Puig recibió 67.000 euros en ayudas de manera indebida

El juzgado de Instrucción 4 de Valencia aguardaba desde hace meses la llegada de este dosier, clave para el desenlace de las diligencias judiciales. De hecho, la previsión inicial es que se terminara mesas antes de las elecciones autonómicas. Diferentes incidencias judiciales hicieron imposible cumplir el compromiso.

El contenido del informe resulta desfavorable a los intereses del hermano del presidente y sus socios ya que confirma las irregularidades fundamentalmente a la hora de incluir gastos que no pueden ser subvencionados.

Los especialistas aclaran, no obstante, que ellos no analizan si el gasto responde a una realidad o no porque carecen de material para comprobarlo. De igual modo, tampoco abordan si esas cantidades formaron parte de subvenciones procedentes de otras entidades como, por ejemplo, el Gobierno catalán.

La Intervención pone el foco en si esos gastos pueden o no ser subvencionados. Y de su exhaustivo análisis concluyen que las empresas del conocido como cártel de las productoras recibieron unos 67.000 euros de «manera indebida».

La Intervención ha analizado tres de las mercantiles clave de la trama. Canal Maestrat obtuvo de forma irregular 24.264 euros durante el periodo analizado (2015-2018). Los proyectos estaban destinados a la promoción del valenciano en los medios de comunicación.

En Comunicació del Ports, en cambio, la cantidad es mayor. Los especialistas han localizado casi 34.000 euros por conceptos que no admiten ser sufragados con fondos públicos. Por último, la firma Mas Mut también concentra las sospechas sobre algo más de 9.000 euros.

Esto son las grandes cifras. No obstante, estos números quedan muy lejos del mínimo de 120.000 euros al año que se debe superar para que los hechos tengan carácter delictivo. De momento, con los importes anteriores y a falta de conocer otra pericial que sigue pendiente, todo este asunto se limitaría a la esfera administrativa. Irregularidades, sí. Pero no delictivas.

El análisis de la Intervención detalla los gastos incorrectamente subvencionados. Por ejemplo, en la primera de las mercantiles, Canal Maestrat, reprocha la inclusión de facturas de combustible de un vehículo sin que esté acreditado el conductor. O el pago de un alquiler de un local que se presentó fuera de plazo.

De igual modo, se censuran gastos de los que no consta factura o desembolsos que se imputan en un porcentaje superior al que se puede subvencionar. Y también figuran irregularidades como el no haberse podido acreditar el pago de determinados gastos. Es decir, dudas de que la empresa abonara realmente unos servicios con independencia de la veracidad de estos.

Otro de los problemas que ha localizado la Intervención son facturas que no constan como abonadas sino que se compensan por los servicios que presta otra mercantil de la trama. La Intervención subraya que esta operativa es válida para liberarse de una obligación en las relaciones comerciales, pero no se puede utilizar para justificar subvenciones.

En otra de las empresas supervisadas, Comunicació dels Ports, los especialistas critican la inclusión de facturas que no pueden ser sufragadas, como los gastos de suministro de luz. También se incluyen servicios que son pagados posteriormente a la fecha en la que finaliza el periodo para justificar todos los gastos por lo que debieron rechazarse.

Fuentes cercanas a los investigados aclaran que las discrepancias anteriores son de carácter técnico y mantienen que debido a esta naturaleza, siempre discutible, no se podría tampoco sostener una acusación de falsedad documental, tal y como se había señalado desde la acusación pública.

Respecto al reproche de las compensaciones entre las empresas, las mismas fuentes sostienen que la Intervención recurre a una sentencia del Tribunal Supremo del año 2021. Pero antes de esa unificación de criterio existían interpretaciones diferentes por cada tribunal superior de Justicia. Los hechos son del periodo 2015-2018.

El juzgado se encuentra a la espera de recibir otro informe con el mismo objeto por parte de la Generalitat de Cataluña y un dosier de la Guardia Civil. Son las únicas diligencias pendientes.