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La concejal Alcón, en las proximidades del TSJ. Damian Torres
El instructor de Taula autoriza ahora el examen del pinchazo telefónico a Alcón

El instructor de Taula autoriza ahora el examen del pinchazo telefónico a Alcón

Las defensas de los investigados deberán elegir a un experto que analice el audio y descarte una preparación previa de la conversación

A. Rallo

Valencia

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Martes, 31 de octubre 2017, 20:36

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Un grupo de defensas del blanqueo de 50.000 euros en el Grupo Municipal de Valencia han concentrado una buena parte de sus esperanzas en todo lo que rodea el pinchazo telefónico a la concejal de Cultura María José Alcón, grabación que permitió cimentar la investigación que ha terminado con medio centenar de cargos populares investigados.

Los abogados sospecharon fundamentalmente por dos motivos. Uno, la 'suerte' de los agentes de la Guardia Civil que investigaban el caso. Justo un día después de que el juez autorizara las intervenciones telefónicas, se registró el diálogo clave para atar las pesquisas al Grupo Municipal. El segundo de los detalles que generó cierta sorpresa fue el tono didáctico de la conversación que Alcón mantuvo con su hijo. El joven pregunta y repregunta acerca de la mecánica del blanqueo y su madre no duda en desvelar abundante información sensible en la conversación. En un momento, además, en el que se conocía que existía una investigación por las famosas grabaciones del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent.

Hasta la fecha, el juzgado no había dado luz verde a la pericial pese a que los letrados lo habían solicitado en siete ocasiones. Una providencia, notificada ayer a las partes, terminó con la incertidumbre. El instructor ha autorizado a que un perito acuda al juzgado el próximo 8 de noviembre para «comprobar los sistemas de certificación digital». El experto será designado por los propios abogados. Tras el análisis, el especialista elaborará un informe.

María José Alcón se encontraba ingresada en un hospital por su delicado estado mental cuando los agentes interceptaron la llamada a su hijo durante el tiempo que podía consultar su teléfono móvil. La conversación se registró a las 21:30 del 15 de abril de 2015 y se inicia después de que su descendiente le advirtiera de que una persona del banco le había llamado «muy preocupado». Alcón le explica que, desde el partido, se le había dado dos billetes de quinientos euros para que ella realizara una transferencia desde sus cuentas por esa cantidad. La exconcejal apunta que es «una trampa en el partido» y especifica que es «dinero negro».

«Dinero que no afloran»

Ella continúa la conversación y asegura que se trata de «blanquear dinero. Vamos, corrupción política total». Ante la sorpresa de su hijo, señala que ellos, en referencia al PP, «tienen mucho dinero negro», procedente «de empresas, comisiones, corrupciones... Es un dinero que no pueden aflorar».

Los forenses dictaminaron este pasado verano que sus problemas de salud no anulan el conocimiento que tuvo de los hechos ni la percepción de aquellos acontecimientos. Alfonso Grau, marido de la concejal, restó valor a esa conversación cuando declaró como testigo en el juzgado. De su testimonio se desprende que su esposa pudo inventarse aquella conversación.

La cita para revisar la certificación digital de las grabaciones será la próxima semana

Posteriormente, su posición se complicaría notablemente tras los indicios que apuntan a que el exvicealcalde fue quien controlaba todos los resortes de la financiación ilegal del Partido Popular durante las elecciones de 2007 y 2011.

La Guardia Civil asegura que las campañas electorales de Barberá se pagaron con las aportaciones que las grandes contratistas del Ayuntamiento de Valencia daban a Laterne, la firma organizadora de los eventos previos a los comicios. Más de dos millones dieron estas empresas para sufragar el coste de la campaña, según la investigación de los especialistas.

Ahora preparan otro informe para averiguar si esta operativa ilegal se repitió en los comicios de 2011 a través de otra firma bajo sospecha, Trasgos. Al margen de las contratas del Ayuntamiento, fundaciones municipales también facturaron a la sociedad organizadora de las campañas por servicios inexistentes. Era la segunda vía para obtener fondos con los que pagar la campaña.

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