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Burguera
Lunes, 19 de mayo 2025, 15:02
Por el centro histórico de Valencia abundan dos cosas: los turistas y los coches oficiales. Pocos palacetes no se han reconvertido en edificio oficial, sede ... de algún organismo público que explique la presencia de un vehículo azul oscuro con los cristales tintados que, en unos casos de manera puntual y en otros de forma habitual, merodean los edificios donde se instalan los despachos de los pasajeros: presidentes, consellers y resto de mandatarios de las diversas administraciones. Como sería muy poco consonante con la dignidad del cargo emplear vehículo pequeño formato, lo habitual es que los vehículso oficiales tengan un tamaño considerable y, por tanto, difícil de aparcar en cualquier recoveco. Consecuencia: es habitual encontrarlos estacionados en las aceras, zona de tránsito de peatones o, lo que es peor, plazas propias de servicios de transporte público. Lo ha constatado la Inspección General de Servicio (IGS) de la Generalitat, que. tras recibir una denuncia por un aparcamiento inadecuado, actuó con la diligencia adecuada como para comprobar que, ciertamente, se estaba aparcando de manera ilegal, ante lo que ha reclamado a la Conselleria de Hacienda, la competente en la custodia y gestión de los coches oficiales, que no olvide la importancia de las normas de tráfico, que no deben ser cumplidas solo por los vehículos privados. También, por los públicos, por muy oficiales que sean.
«Después de recibir un escrito de denuncia en el que se manifestaba el estacionamiento irregular de un vehículo oficial en una zona reservada para taxis-bus, se comprobó que dicho vehículo se encontraba prestando un servicio en la fecha y hora indicada en la denuncia», señala el informe de la IGS, dependiente de la Conselleria de Justicia y Administración Pública.
Los inspectores autonómicos han analizado la normativa en materia de tráfico y seguridad vial, tra lo cual «se emitió un informe en el que se concluye que, al no tratarse de un vehículo prioritario, de acuerdo con la normativa vigente, estaba indebidamente estacionado en una zona reservada como parada de taxi».
«Por ello, se ha recomendado al órgano competente del parque móvil que dicte las instrucciones oportunas, dirigidas al personal conductor del parque móvil de la Generalitat», advierte el informe de la IGS. La Dirección General de Patrimonio es la encargada de gestionar los coches oficiales de la Generalitat, un departamento que depende de la conselleria que lidera Ruth Merino. Interrogada la conselleria sobre qué va a hacer al respecto de este requerimiento de la Inspección, la conselleria no ha concretado qué respuesta va a dar ni si la va a dar. Tiene dos meses de plazo para contestar, según fuentes de Hacienda, así que no es descartable que, desde el 9 de mayo, fecha final de la denuncia investigada por la IGS, hasta el 9 de julio, la parada de taxi sea ocupada por algún vehículo oficial dando la callada por respuesta. Tampoco sería descabellado que la situación pueda acarrear una multa por parte de la Políca Local.
La Inspección se dirigió a la conselleria de Merino «con el fin de recordar la obligación de actuar con diligencia en el ejercicio de sus funciones (la de la Dirección General de Patrimonio), respetando en todo momento las normas de tráfico y seguridad vial, advirtiendo que su incumplimiento podría generar responsabilidades disciplinarias».
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