Los indicios de Anticorrupción para acusar a los ediles del PP por blanqueo

Testigos. Los testigos a quienes les pidieron la colaboración de 1.000 euros, pero rechazaron participar en la operativa al pensa que se trataba de un blanqueo. Todos eran de la órbita de Alfonso Grau.

Una arrepentida. Es la única persona que ha admitido que le reintegraron el dinero (dos billetes de 500 euros). Luego quiso devolverlo, pero no se lo aceptaron.

El pinchazo a Alcón. La conversación telefónica en la que la exedil le relata a su hijo el método corrupto en el Grupo Municipal. Pese a la muerte de la concejal, la fiscalía sostiene que el audio mantiene la misma fuerza incriminatoria. Las defensas han tratado por todos los medios de anular esas escuchas.

lngresos en efectivo. Numerosos investigados realizaron ingresos en efectivo en sus cuentas tras efectuar la donación. La acusación sospecha que era parte del dinero en efectivo que les habían devuelto. Las excusas que ofrecieron los imputados no resultaron creíbles.

lnforme de Carlo Lucca. El auditor interno del PP asegura que la cuenta donde se hacen las donaciones de 1.000 euros no pertenece al Partido Popular.

Documentación del PP. Se trata de unos papeles que publicó El Mundo donde se ofrecían recomendaciones de cómo manipular y confeccionar facturas para evitar el examen del Tribunal de Cuentas.

Dosier del partido. Un expediente donde se explica por qué la formación carecía de una plan de prevención de delitos.

Laterne y fundaciones. La agencia de comunicación afín al PP canalizó las supuestas donaciones ilegales de contratistas del Ayuntamiento en la campaña de 2007. De igual modo, en aquella investigación secreta se evidenció una facturación presuntamente ficticia de determinadas entidades dependientes del Consistorio, como la Fundación Turismo Valencia, Centro de Estrategias y Desarrollo y Fundación para la Innovación Urbana.

Paralelismo en las elecciones. El análisis de la Guardia Civil evidencia un modo irregular en los comicios de 2007, 2011 y 2015. En todos estos periodos, el gasto electoral se excedió de lo que oficialmente consta en los registros.

Transferencia de 200.000 euros. El pago de 200.000 euros desde el Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD) a la empresa City Marketing Counseil, con sede en Bruselas. No consta que respondiera a ningún servicio.

Ana Botella. Quizá el indicio más débil de todos lo que relata el ministerio fiscal. La entonces concejal del PSPV denunció los pagos encubiertos de las fundaciones del Ayuntamiento, pero el PP votó en contra de investigarlos. Esta oposición resulta algo habitual en política.

La firma Avenir y la cartelería. La declaración del gerente de la mercantil que acredita que era Mari Carmen García Fuster era la que se encargaba de las negociaciones y de efectuar los pagos en campaña.

La UCO y Trasgos. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acredita la irregular actividad de Trasgos, la agencia que se encargó de la campaña de 2011 del PP. Los pagos se hacían sobre la cuenta del Banco Sabadell en la que se hicieron los ingresos de 1.000 euros por todos los colaboradores.

Informe de la Intervención. Los auditores analizan el carácter público de las fundaciones y cómo debido al control que tenían algunos investigados se pudo destinar los fondos a un fin distinto al original.

Declaración de un empresario. El testimonio de un hombre que admite que le pagaron sus trabajos para la campaña de 2015 en el propio despacho de García Fuster de manos de la exsecretaria municipal.

Transferencias entre cuentas. El Grupo Municipal realizó varias transferencias de 1.500 euros desde la cuenta opaca, al margen del control del Tribunal de Cuentas, a una oficial del PP regional. De tal forma que la dirección de los populares conocía la existencia de esa libreta que manejaba García Fuster.

Caso Púnica y conexión PP. Este indicio sólo afectaría a Miquel Domínguez y a otro de los investigados, que aparecen citados en un informe policial al respecto de un contrato para mejorar la imagen de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Todos los indicios anteriores, según Anticorrupción, son suficientes para acusar a los cargos populares. Ahora falta el auto de incoación de procedimiento abreviado por parte del juzgado. Las diligencias ya han concluido hace meses. Algunas fuentes judiciales sostenían que el instructor estaba esperando el regreso a la causa de Miquel Domínguez, tal y como ha pedido el fiscal ahora, para cerrar el asunto.