El juez del 'caso Villarejo' investiga al ex consejero delegado del BBVA

El presidente del BBVA, Francisco González (d), y el consejero delegado, Ángel Cano (i), conversan durante la Junta General de Accionistas. /Efe
El presidente del BBVA, Francisco González (d), y el consejero delegado, Ángel Cano (i), conversan durante la Junta General de Accionistas. / Efe

Ángel Cano, junto con el ex jefe de Seguridad y seis directivos declaran este jueves y viernes por los presuntos servicios de espionaje del comisario

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del 'caso Villarejo', ha citado a declarar este jueves y el viernes como investigados a ocho directivos del BBVA bajo la presidencia de Francisco González. Los declarantes están acusados de presunto cohecho activo y revelación de secretos en una pieza separada de la llamada 'operación Tándem', según confirmaron este martes fuentes de la investigación.

Entre los citados el jueves está el ex consejero delegado del BBVA Ángel Cano, mano derecha de González entre 2009 y 2015; y el viernes Julio Corrochano, quien fuera director de seguridad del BBVA durante la etapa del expresidente y antes comisario general de la Policía Judicial; o la actual responsable de este departamento, Inés Díaz, quien fuera 'número dos' de Corrochano antes de que éste pasara a la empresa privada.

En esta pieza novena de la 'operación Tándem', que permanece bajo secreto, el juez investiga la relación del BBVA con Cenyt, empresa de Villarejo, que se cree que comenzó en 2004 cuando la constructora Sacyr pretendía tomar el control mayoritario de las acciones de la entidad.

Según la investigación, el banco contrató los servicios de Cenyt por cinco millones de euros (aunque se estima que podrían haber alcanzado los diez millones). Entre esos trabajos, se investiga si los servicios del comisario jubilado, en prisión preventiva desde noviembre de 2017, sirvieron para espiar a empresarios, políticos o periodistas a través de presuntas intervenciones de sus teléfonos sin autorización judicial.

El nombre de Corrochano aparece en contratos suscritos con Cenyt y en intervenciones telefónicas. En uno de estos 'pinchazos' asegura que el «presi» le llamaba cada diez o 15 días, en alusión a Francisco González, conocido como «FG». Una mención que, según los investigadores, supondría que éste estaba al corriente de esta presunta operación de espionaje. Sin embargo, no ha sido citado de momento, ya que los fiscales anticorrupción esperan conocer primero qué dicen sus subordinados sobre estos servicios parapoliciales.

15.000 llamadas

Los investigadores creen que se pudieron monitorizar más de 15.000 llamadas obtenidas de bases de datos policiales. Estas pesquisas derivaron en la renuncia en marzo pasado de González como presidente de honor de la entidad, tras haber dejado en diciembre la presidencia.

Además de Cano, Corrochano y Díaz, el juez también ha citado a declarar a petición de la Fiscalía Anticorrupción a Ignacio Pérez Caballero, director de Banca Comercial; Javier Malagón, ex director general de Finanzas e interventor general del banco; Antonio Béjar, quien fuera director general de la división inmobiliaria del banco y actualmente es el consejero delegado de Distrito Castellana Norte (el proyecto de la 'operación Chamartín'); Ricardo Gómez, director de contabilidad y relación con los supervisores del BBVA; y Nazario Campo, que forma parte del equipo de seguridad del banco.

Además, el juez interrogará el viernes al abogado Rafael Redondo, socio de Villarejo, y el próximo 10 de julio se desplazará junto a los dos fiscales del caso a la cárcel de Estremera (Madrid), donde está recluido el comisario jubilado, para preguntarle por sus trabajos para el banco, según confirmó su abogado.

La causa cuenta con la personación como acusación particular del exministro de Economía socialista Miguel Sebastián y del exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas. El primero aparece mencionado en las supuestas grabaciones de Villarejo por la operación de compra de Sacyr.

Sebastián consideró que estos servicios parapoliciales podrían constituir «el mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia». «Se habrían utilizado recursos del BBVA para la defensa de posiciones internas de poder en perjuicio de los accionistas minoritarios», dijo en su escrito.

El banco «no prejuzga»

Desde el banco, conocidas las citaciones tanto de varios exdirectivos suyos como de altos cargos actuales de la sociedad, insistieron en la línea argumental defendida por su presidente, Carlos Torres. Fue en sus últimas respuestas a mediados de junio sobre este espinoso asunto, cuando valoró la investigación judicial de la Audiencia Nacional frente a las pesquisas internas de la entidad que «siguen su curso». «Aquella es la que de verdad es importante, sostuvo el financiero.

No obstante, fuentes del BBVA señalaron este martes: «No vamos a prejuzgar nada ni a nadie..., al menos en base a hechos no contrastados», puesto que la tesis del banco es que en este polémico asunto prácticamente no hay nada probado en estos momentos. Por eso, añadieron que «cuando haya información suficiente» evaluarán si es necesario tomar, «en su caso», las medidas pertinentes.