Illueca culpa al PP del préstamo a Pecsa y presume de haber recuperado «hasta el último euro»

El director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca. /Jesús Signes
El director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca. / Jesús Signes

El director del IVF se defiende: «nunca hubiéramos autorizado nosotros aquella operación y aún hemos recuperado más de lo que nos debían»

MARTA HORTELANO/AGENCIASVALENCIA.

El director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, ha comparecido esta mañana en la comisión de Economía de Les Corts para explicar la actuación del organismo que preside en la operación que permitió que Editorial Prensa Ibérica, editora del diario Levante-EMV, comprará el Grupo Zeta, propietario del diario Mediterráneo, de cuya editora, Pecsa, es accionista el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Ilueca, en una comparecencia en la que se ha alargado durante una hora, ha cargado contra el PP por su gestión al frente del IVF y ha asegurado que él no habría dado ese préstamo a Pecsa. «El PP dejó en el IVF un agujero de 665 millones, lo dejaron esquilmado». El préstamo que se le dio a la empresa Silsa para la compra de una rotativa en Biar -lo dio el PP- fue «muy favorable» y «el actual IVF jamás lo habría dado. Eran préstamos políticos tendentes a generar una prensa afín».

«Cuando EPI cursa la oferta, la situación de Zeta se deterioraba a gran velocidad. En este contexto, el IVF y la banca del préstamo sindicado valoramos positivamente la oferta. El IVF, con un 1,8% del préstamo no tenía posibilidad de oponerse porque primaba la mayoría del pool bancario. El resto de acreedores podría habernos arrastrado. Si el 75% del pasivo estaba de acuerdo, los disidentes habríamos sido arrastrados», ha señalado IIlueca para defender su actuación.

El director del IVF incluso ha sacado pecho de su gestión al frente del banco público de la Generalitat: «el IVF ha recuperado 6,3 millones de los 6 del préstamo que tenía Pecsa. Aún hemos recuperado 297.000 euros más de lo que nos debían».

En sus réplicas, Rubén Ibáñez (PP) ha puesto en duda los «entresijos» que hay detrás del proyecto del IVF y ha denunciado la falta de acceso a documentación, mientras que Tony Woodward (Cs) ha echado en falta una postura clara del 'president', al «no saber si es una cuestión de estética, ética, moral o principios», y Ángeles Criado (Vox) lo ha tachado de «burla para los valencianos y un ataque contra la libertad de prensa para concentrar medios afines».

Illueca ha objetado afirmando que «Puig no ha tenido nada que ver», que «jamás» ha influido en la decisión y que, a su juicio, «el conflicto de intereses no aparece por ninguna parte». «La operación podíamos hacerla con y sin el decreto», ha recalcado, matizando que la trató con el 'president' «exactamente igual» que el resto de proyectos relevantes del IVF.

El decreto del reglamento de desarrollo de las políticas de actuación del IVF ha centrado la mayoría de las críticas de la oposición: el 'popular' ha asegurado que contó con el «apoyo» de Puig y ha recordado los «ataques de sinceridad» de Illueca en su anterior comparecencia sobre este tema, por decir que «convenía» esperar a la aprobación del decreto; el diputado de Cs se ha preguntado «¿quién sale beneficiado?» de una norma que «parece haberse creado para esta quita, de momento la única que ha hecho el IVF».

Illueca ha subrayado que empezó a tramitarse meses antes y que «el instituto optó por posponer la firma de la operación a una fecha posterior a la aprobación del decreto. En todo caso, ha lamentado que «tendría que estar publicado desde hace 25 años» y que se dejó sin regular por «desidia». La operación no supuso «impacto alguno en la cuenta del IVF» al haber incorporado en 2017 un deterioro superior a 1,3 millones, ha indicado.

Precio de mercado

Bajo este prisma, ha asegurado que se hizo «a precios de mercado y en igualdad de condiciones que la banca privada», así como que «de forma totalmente autónoma, sin necesidad de ningún decreto», en base a la legalidad de la ley de creación del IVF de 1993 como entidad pública adscrita a la Conselleria de hacienda y «con plena sugestión al derecho privado, lo que le ha permitido equiparar su actividad a la banca comercial».

En consecuencia, se ha preguntado «qué se está cuestionando aquí» por parte de PP, Ciudadanos y Vox, cuando «la hipótesis de la ayuda pública no se sostiene». Y es que, a su juicio, lo que critican es «el proyecto de banca pública del Consell» mediante «un rechazo frontal a que la Generalitat puede otorgar financiación para paliar fallos de mercado con una gestión profesional y alejada de la política».

Ha advertido que será «complicado que quiebren la voluntad de disponer de esta herramienta eficaz en las mismas condiciones que otras regiones de España y Europa», además de prometer que el IVF seguirá esta etapa de «relanzamiento» con la meta de recuperar los créditos impagados que se otorgaron en el pasado y que, por desgracia, tanto han contribuido a socavar su imagen«.

En la misma línea, los diputados de PSPV (José Muñoz), Compromís (Aitana Mas) y Podem (Ferran Martínez) han defendido el trabajo del banco público valenciano y han lamentado que «se trate de erosionar la figura de Puig y al Botànic» precisamente desde el PP, que «tendría que responder a preguntas incómodas a la mínima que abriéramos el foco».

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