La herencia de Puig: 4.000 millones para invertir, pero 3.800 sin pagar
Junto a deuda y déficit, la escasa ejecución presupuestaria completa el drama financiero de una Comunitat salvada por las ayudas del Estado
La derrota electoral del 28 de mayo pone punto y final a los ocho años de Gobierno Botánico. El mandato de la izquierda valenciana ... ha permitido recuperar la normalidad institucional de la Comunitat, después de que la última legislatura del PP (2011-2015) se viera salpicada por un reguero de causas judiciales. Una pandemia, una guerra… esta última legislatua se ha visto marcada por diversos sobresaltos. Y también por algunas decisiones de impacto, como la dimisión de Mónica Oltra o la llegada a Sagunto de la gigafactoría de Volkswagen.
Pero en lo que el Botánico ha fracasado es, sin lugar a dudas, en el control de las cuentas públicas. Una deuda por encima de los 55.000 millones de euros y un déficit que en 2022 superó los 3.800 millones constituyen sendos elementos que dibujan una administración obligada a vivir del crédito que, en este caso, le facilita el Estado.
La deuda de la Comunitat supera los 55.000 millones el primer trimestre y el déficit del año pasado superó los 3.800 millones
El tercer factor, además de deuda y déficit, que completa ese delicado escenario financiero tan cercano al colapso de las cuentas públicas es el de la ejecución presupuestaria. La propia Generalitat informa en su página web de la evolución de de los distintos capítulos que componen los presupuestos de la Generalitat para 2023, cercanos ya a los 30.000 millones de euros.
Los datos corresponden al cierre del pasado mes de mayo. Las cifras indican que se han pagado ya 146,7 millones de euros del capítulo VI (inversiones reales), y 34,7 millones más del capítulo VII (transferencias de capital). El VI y el VII son los dos capítulos correspondientes a gasto de capital, e identifican las inversiones directas, el primero de ellos, o las que se realizan a través de otras administraciones, el segundo. Sumados, el Consell puede presumir de haber abonado ya 180 millones largos de euros. No es poco dinero.
No lo es, o sí. Porque la misma página web explica cuál es el presupuesto de inversiones de la Generalitat para todo el año. El capítulo VI que se aprobó inicialmente era de 1.492 millones de euros. Y el capítulo VII era de otros 1.702 millones de euros. La suma de ambos capítulos alcanza los 3.194 millones de euros. Y en relación con esa cifra, esos 180 millones pagados parecen más bien poca cosa. Máxime para tratarse de mayo, el quinto mes del año, prácticamente en el ecuador del ejercicio.
Modificaciones
Y como cualquier situación es susceptible de empeorar, el Gobierno valenciano ha ido engordando sus presupuestos con sucesivas modificaciones. De manera que los 1.492 millones de inversiones reales han acabado siendo 1.911 millones de euros. Y los 1.702 millones de transferencias de capital han alcanzado los 2.247 millones de euros. Los créditos definitivos, que es así como se denomina técnicamente la incorporación de nuevos fondos al presupuesto inicial, alcanza los 4.158 millones de euros. De manera que los 180 millones que el Consell sí que ha pagado representan el 4,3% del total del presupuesto para esos departamentos. Una minucia de nada.
La ralentización de la actividad de la conselleria de Hacienda se ha hecho evidente esta primera mitad del año
Las causas de esta penosa ejecución presupuestaria no son todas culpa del Consell, ni tampoco ajenas a él. La gestión de la conselleria de Hacienda ha sido cuestionada incluso desde el propio PSPV por la incapacidad para hacer frente a pagos y gastos, así como para la lentitud en la tramitación de todo tipo de gestiones. El relevo de titular –tras la marcha del veterano Vicent Soler y la llegada de Arcadi España, sumado a la salida de algunas piezas clave del departamento, Isa Castelló, primero, y Eva Martínez, después, han contribuido a ralentizar el trabajo de ese departamento.
Exigir al Gobierno un «nuevo marco de financiación autonómica»
«Exigiremos al gobierno de la nación un nuevo marco de financiación autonómica que garantice la justa financiación de la Comunitat Valenciana». El punto número cuatro de los 50 acordados por PP y Vox en el marco de su pacto de Gobierno para la investidura de Carlos Mazón hace referencia a la reforma del sistema de financiación autonómica. Una frase en la que se hace referencia al «marco de financiación autonómica» y no a la LOFCA, que es la que establece el sistema de financiación. Una alusión que deja entrever que el compromiso de las dos formaciones tiene que ver más con la exigencia de más fondos que con el cambio de la norma legal –aunque una y otra cosa también podrían llegar juntas–. Fuentes del PP valenciano aseguran disponer de un acuerdo verbal con la dirección del área económica de la calle Génova que garantiza la llegada de más fondos a la Comunitat. Un compromiso que, obviamente, requiere primero de la llegada de los populares a la Moncloa. La falta de una financiación adecuada –la Comunitat está a la cola en financiación per cápita en comparación con todas las autonomías del régimen común– es el argumento que el Consell del Botánico ha venido utilizando para justificar los números rojos que ha ido acumulando año tras año. El Ejecutivo de izquierdas comenzó la primera legislatura con una clara exigencia al Ejecutivo central de Mariano Rajoy para que cambiara el modelo. Incluso convocó una manifestación. Con la llegada de Sánchez a la Moncloa la reivindicación se desinfló hasta el punto de que el Consell sostiene ahora que ya llegan los fondos que la Comunitat necesita. Aunque la región sigue a la cola.
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