Hacienda detecta irregularidades en contratos vinculados al PSPV

Los opinómetros, aparatos para evaluar el nivel de satisfacción de los ciudadanos con determinadas iniciativas, fueron adjudicados a la empresa Opino Media SL. Entre los socios figuraban la sociedad Gomar Comunicación y el que fuera gerente de Imelsa, ahora Divalterra, José Ramón Tiller. Ambos tenían un 16%. Alberto Gomar, de hecho, era uno de los administradores. Su agencia de comunicación se encargó de parte de la campaña del PSPV. El contrato se encuadró dentro de uno de los proyectos del conocido como plan E, una medida del Gobierno de Zapatero para estimular actuaciones municipales y reducir el número de parados. No duraron ni un año en funcionamiento. Las máquinas se desactivaron sin que se conozca el verdadero motivo.

La presunta adjudicación amañada se investiga en el juzgado de Benidorm. Es una de las cuatro piezas en las que se dividieron las pesquisas después de la inhibición del juzgado de Instrucción 21 de Valencia, que no vio delito de financiación irregular al estar este ilícito prescrito.

En las actuaciones, donde está investigado el exalcalde socialista Agustín Navarro, consta un informe de Hacienda en el que se cuestionan algunas prácticas realizadas durante el expediente. De entrada, por ejemplo, ya rebate que el contrato pudiera ser subvencionado con el plan E. A continuación, en un resumen que elaboran de las irregularidades, añade que no consta el informe del secretario, como asesor jurídico municipal, al pliego de cláusulas administrativas.

El perito de Hacienda llama la atención acerca del criterio de plazo de instalación del proyecto «porque entra en contradicción con el criterio de número de trabajadores». Así, resulta incompatible otorgar la máxima puntuación a dos meses de ejecución del proyecto y la máxima también por cuatro meses de contrato a los desempleados. «Resulta imposible esta ponderación». Ambas conclusiones no pueden ser ciertas, según se desprende del informe del especialista.

Los criterios de valoración de las ofertas, además de prohibir bajas en el precio de licitación, resultan «absurdas» e incluso «contradictorias» en cuanto al plazo de ejecución y la creación de puestos de trabajo. De igual modo, parece extraño que la oferta realizada por la empresa consiga la máxima puntuación.

El documento detalla otras cuestiones como, por ejemplo, el informe de la Intervención municipal, que debe ser realizado antes de aprobarse el expediente pero que, en este caso, se hizo después.

También el especialista encuentras deficiencias en la mesa de contratación. En este apartado aparecen un buen número de irregularidades. Por ejemplo, el alcalde no designa al secretario así como tampoco a la presidenta. Al parecer, la mesa la preside una concejal «por delegación del alcalde». Sin embargo, esto no pudo ser así porque la función de la mesa es dar una propuesta al primer edil para que este contrate. Por tanto, no puede estar a ambos lados del sistema. «Ni el nombramiento, ni la composición, ni las sustituciones se ajustan a la normativa». La forma en la que se actuó «desvirtúa el sistema», según el citado informe.

Otras circunstancia que también coincide en el citado dosier de la Agencia Tributaria es que la empresa no acredita reunir los requisitos exigidos en el pliego para aceptar su solvencia técnica «por lo que debió ser excluida de la licitación, y al ser el único licitador, declararse desierta e iniciar un nuevo trámite de licitación. Como era la única sociedad que se presentaba, se debió declarar desierto y volverse a iniciar el trámite de licitación.

El inspector se muestra sorprendido de que no conste la documentación de la oferta económica de la empresa, un elemento esencial en el contrato. La instalación de los aparatos se licitó por 223.000 euros, IVA incluido.