La Guardia Civil alerta al juez de los problemas para obtener información del caso Francis Puig
Los agentes comunican al instructor que algunas mercantiles han desaparecido, otras no tienen ya la información requerida y alguna incluso ha sufrido ataques informáticos
El caso de Francis Puig se ha convertido en un mar de incidencias, problemas y retrasos. Las diligencias para aclarar si las irregularidades en la concesión de ayudas para el fomento del valenciano son delictivas ... se han complicado más de lo inicialmente previsto al margen de la propia naturaleza del asunto. Ahora es la Guardia Civil la que expone sus quejas ante el titular de Instrucción 4 de Valencia.
Los agentes tenían el encargo judicial de ampliar el informe que en su día aportaron a la causa. Para obtener determinada información han ido contactando con diferentes mercantiles, aunque no todas han contestado al requerimiento. Existen diferentes motivos ante esta posición. Por un lado, «el tiempo transcurrido» entre estas pesquisas y los hechos bajo investigación. «Algunas sociedades se han extinguido, otras no tienen acceso a los datos requeridos, alguna ha sufrido un ataque informático y no ha recuperado aún el acceso. Y a otras que se les ha reiterado la petición al no haber contestado», han informado los especialistas de la Guardia Civil.
Los agentes han insistido a otras empresas, que ni siquiera han contestado al primer requerimiento
De igual modo, los investigadores solicitan a la jueza que emita un mandamiento a una compañía de telefonía móvil para que faciliten las facturas que se efectuaron a Mas Mut, una de las empresas de Francis Puig. La sociedad se negaba a entregar esa información sin orden judicial.
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No es la única incidencia detectada en los últimos días. Primero fue la nulidad de un auto de prórroga por un olvido en las notificaciones a las defensas. La resolución final ha sido recurrida ante la Audiencia de Valencia en busca de que el tribunal decrete el final de las indagaciones. Y hace tan sólo unos días, otro descuido -este ya incomprensible- llevó a abortar la celebración de una reunión entre la Intervención y el juzgado, clave en la elaboración de un informe determinante para la causa.
El juez había acordado que todas las partes se reunirían con la Intervención de la Generalitat, que lleva meses reclamando datos vitales para la elaboración de su pericial. En un escrito, asegura que ha solicitado esa información en octubre y noviembre, pero todavía carece de respuesta. Antes las dudas de qué necesitaban realmente y qué tiene el juzgado en el sumario, el instructor entendió que lo más práctico, tal y como había pedido el letrado de Francis Puig, era un encuentro entre todas las partes. El fallo ha obligado a posponer el encuentro para finales de abril.
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