Alfonso Grau reformó su piso de lujo con una contrata del Ayuntamiento de Valencia
La UCO acredita que pagó la vivienda y las obras en efectivo en operaciones vinculadas a las empresas de Febrer
En los años que coincidieron con el cambio de la peseta al euro, el común de los mortales refunfuñó por haber perdido poder adquisitivo ... con la nueva moneda. Sin embargo, el vicealcalde de Valencia Alfonso Grau vio crecer su patrimonio de manera sensible. En uno de los informes de la Guardia Civil incluidos dentro del sumario del caso Azud, se cifra en más de 728.000 euros el incremento patrimonial injustificado que el número dos del Ayuntamiento de Valencia amasó en esos años. Parte de ese nuevo patrimonio se corresponde, según las pesquisas de la UCO, al pago en efectivo por importe de 315.230 euros para la compra de una vivienda situada en la Porta de la Mar, una de las mejores zonas de la ciudad. Pero, la compra de la casa y su posterior reforma han despertado el interés de los investigadores, por una operación en la que el efectivo, la forma más opaca de efectuar los pagos, ha sido la nota predominante. Y ese fue el método empleado para la reforma del inmueble.
En concreto, durante los registros en el domicilio del vicealcalde se localizaron una serie de facturas de las que se evidencia la utilización de sumas de efectivo por parte del político. Para la reforma de su casa acudió a una de las principales contratistas del Ayuntamiento, la empresa Secopsa, ganadora en su día de grandes concurso del mantenimiento de los edificios municipales durante la etapa popular. La constructora se encargó de la demolición y reforma de su piso de lujo y por los trabajos emitió facturas por importe de 36.493 euros. En ellas se reflejó pago al contado como método de abono. Un modus operandi en el que es imposible comprobar si asumió los pagos o fueron costeados por la constructora.
La vivienda de lujo reformada fue vendida en el año 2004 a la constructora del empresario Jaime Febrer, considerado uno de los cabecillas de la trama. Así lo confirmó en su declaración ante la UCO una de sus empleadas. La venta parte de una herencia problemática que Construcciones Valencia Constitución (CVC) la firma principal del grupo empresarial, adquirió. Así lo constata la empleada que, sin embargo, posteriormente, al tramitar el papeleo, conoció que el piso lo había comprado realmente Alfonso Grau. Eso, le produjo «asombro» porque ni había visto al político por el despacho ni nadie le dijo que la operación de compraventa que llevó a cabo Febrer era para Grau.
En ese momento, elaboró dos documentos con la compra, a partir de plantillas, pero en una de ellas «desaparecieron ciertos conceptos». La empleada «sospechó que había habido dinero negro», pero se limitó a hacer lo que le dijo su jefe. En los dos documentos de compraventa había diferentes cantidades, que según los investigadores se corresponde con importes que podrían haber sido asumidas por mercantiles de la trama. De lo que aparece en ambos papeles hay una parte que no consta cómo se paga y en uno de los dos documentos el coste de la operación es inferior al total de la venta.
La vivienda se adquirió en efectivo por 315.230 euros. Sin embargo, en el servidor del grupo de empresas del empresario vinculado a la trama, se intervino un documento que coincidía con otro encontrado en casa de Grau. Se trataba de las plantillas que había confeccionado la trabajadora de Febrer. Un indicador de que el importe abonado en efectivo por el piso pudo ser asumido por una de las empresas de la trama en su totalidad. De hecho, en una de las facturas el precio de compra del inmueble fue de 638.575 euros en total. De esa cantidad, según la UCO, 348,587 euros se pagaron desde las cuentas de Grau y el resto, más los impuestos, es decir, un total de 315.230 euros, fueron satisfechos de forma oculta por parte de las empresas de Febrer. 277.968 euros se abonaron con dinero negro y en efectivo, según se desprende de las pesquisas y acreditó posteriormente la Agencia Tributaria.
De ese inmueble, los investigadores también han constatado que el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales que se abona por toda compraventa (25.242 euros en este caso) no aparece en las cuentas de Grau, por lo que se desconoce cómo pudo abonarlo.
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