El Gobierno creará un registro para fiscalizar a los medios y saber quién los controla y financia

El Ejecutivo ha encontrado en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, que todos los países de la UE deben ahora desarrollar y que fue concebido en origen para proteger a los medios de comunicación de la influencia del poder político (includios intereses extranjeros) y fomentar el pluralismo en un contexto de auge de la extrema derecha, una herramienta útil para apuntalar su discurso al tiempo que neutraliza las críticas del PP.

La implementación de la normativa comunitaria, que el Ejecutivo ha incluido en un 'plan de regeneración' con medidas de «transparencia» para el poder Ejecutivo y el Legislativo, obligará a los medios a dar a conocer quiénes son sus propietarios y fijará criterios para regular la publicidad institucional que reciben. El Gobierno plantea, además, una reformulación del sistema de medición de audiencias para que, en palabras Bolaños, «no se puedan manipular los datos».

Será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se anunció este martes, la que gestione un «registro público» de medios para que «los ciudadanos puedan conocer quién los controlan y de quién reciben financiación institucional», señaló el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. «La ciudadanía debe conocer las fuentes de financiación de los medios, la identidad de sus accionistas, la publicidad institucional que reciben y sus cifras de audiencia de forma honesta», añadió.

El primer obstáculo para llevar a cabo este registro es que el organismo supervisor de temas de competencia en España –integrado por diez miembros nombrados por el Gobierno– lo forman expertos en materia económica, en Derecho e ingenieros económicos que difícilmente podrían deteminar qué es, como prevé el Ejecutivo, un medio de comunicación. «Queremos establecer estos criterios con expertos y con el resto de grupos parlamentarios. Así que tenemos que reformar la estructura de la CNMC», adelantó Urtasun. Una actualización tanto de los perfiles como de la designación, ya que Bruselas exige que «sean independientes».

El plan aprobado por el Consejo de Minsitros contempla también una reforma de la Ley de Publicidad institucional para «introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación». Una tarea que supervisará el propio Ejecutivo, ya que estará encomendada a la Secretaría de Estado de Comunicación. El objetivo, según Urtasun, es hacer «más justo» el reparto de los fondos y «evitar que con dinero público se financien pseudomedios», dijo sin dar más detalles. En la Moncloa sostienen que la mayoría de lo que denominan «tabloides digitales» sin apenas lectores y propagadores de «bulos» están financiados por gobiernos autonómicos y locales del PP.

El reparto de esa publicidad institucional estará condicionada a las mediciones de audiencia y en este ámbito se pretende también incluir una nueva regulación aún sin detallar. El ministro de Sumar avanzó que existirá una discriminación positiva para los medios que publiquen en lenguas cooficiales, por ejemplo en catalán, donde existe un buen número de publicaciones de tendencia independentista.

Asimismo, pretende llevarse a cabo una reforma del Código Penal en los artículos referidos «al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos», avanzó Bolaños.

Junto a esta modificación también se «actualizarán» los artículos que protegen el derecho al honor y al de rectificación –Sánchez ha llegado a decir que su mujer y él son víctimas del «fango» y se ha quejado de la indefensión ante informaciones que se publican, obviando que ya existen mecanismo para ello–. «Es necesario adaptarlos al actual ecosistema de fake news para que sean más ágiles», explicó el ministro de Justicia sin ser capaz de aportar más detalles de la «actualización».

A su vez, el Gobierno se ha comprometido a impulsar la Ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes.