El Gobierno encaja una derrota que anticipa el rechazo a sus Presupuestos para 2026 en plena erosión por la corrupción

La derrota fue contundente. Solo 164 votos a favor, - los del PSOE, Sumar, ERC, EH-Bildu, PNV, CC, BNG- por 178 en contra -de PP y Vox más Junts- y cinco abstenciones, correspondientes a los diputados de Podemos y a la parlamentaria de Compromís Águeda Micó, que defiende establecer márgenes de déficit asimétricos que permitan a las comunidades más penalizadas por el actual sistema de financiación, pendiente de revisión desde 2014, como la suya, la valenciana.

Consciente de antemano de cual sería el resultado, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, llevaba días tratando de cargar sobre las espaldas del principal partido de la oposición una decisión que, dice, afectará a los servicios públicos de las comunidades autónomas en las que gobiernan. Porque, aunque la elaboración de las Cuentas públicas no se verá frenada por la decisión de hoy, sí la condicionará, como condicionará la de autonomías y entidades locales.

La ministra recordó que rechazar los objetivos de déficit para el conjunto de las Administraciones (1,8% para el Estado, 01% para las comunidades, 0% para los ayuntamientos y 0,2% para la Seguridad Social) llevará a tener que aplicar una senda más restrictiva, la que se remitió a Bruselas en plan estructural fiscal en 2024. Según Montero, eso implicará que en los próximos tres años las autonomías dispondrán de 5.400 millones de euros menos de margen de gasto. Un argumento que ya desdeñaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera los consejeros del PP alegando que en la mayoría de los casos ya habían elaborado sus Presupuestos con el déficit anterior y que en todo caso, la regla de gasto neutraliza el margen fiscal que pudieran ganar con al nueva.

En todo caso, el Ejecutivo no habría encajado este varapalo clave si, independientemente del no del principal partido de la oposición, todos sus sus socios de investidura se hubieran subido al carro. Y, como cabía esperar, no fue así. Junts, que comunicó hace más de un mes a Sánchez la ruptura de relaciones, lo acusó desde la tribuna de haber «bloqueado la legislatura» con su «soberbia política» -demostrada en su decisión de llevar a la Cámara la misma senda que su grupo ya rechazó en 2024- y sus incumplimientos. «No quieren tener presupuestos» acusó el diputados Josep María Cruset, con una tesis similar a la de Podemos.

«El problema es que ustedes no parecen tener ninguna intención de aprobar Presupuestos Generales del Estado, señora Montero. Vienen ustedes aquí desganados, sin negociar absolutamente nada y da la impresión de que estos presupuestos no son otra cosa que la campaña electoral del PSOE», recriminó la líder de la formación más a la izquierda la Cámara, Ione Belarra, después de acusar al Ejecutivo de querer gastarse el dinero de la vivienda, de la sanidad, de la dependencia en «armas y tanques por orden de Donald Trump y de la OTAN».

La alusión a la campaña socialista es clara. El techo de gasto planteado por el Ejecutivo (que a diferencia de la senda, no se vota) es muy elevado, un 8,5% superior al de 2025. Incluyendo los fondos europeos, alcanzará los 216.177 millones, lo que significa que las Cuentas que se pondrán sobre la mesa -según anunció Montero, en torno a febrero, una vez el Congreso rechace en una segunda vuelta en diciembre la senda votada hoy- serán muy expansivas y permitirán a lo socialistas hacer promesas electoralistas.

El Gobierno -que durante toda la mañana estuvo con un ojo puesto en lo que pudiera decidir el juez Leopoldo Puente sobre Ábalos- repite una y otra vez que su intención es agotar la legislatura obtenga o no apoyo suficiente para sacar los Presupuestos pero, además de Podemos o Junts también hay otros socios, singularmente el PNV, que recelan de ese compromiso y sospechan que, ante el evidente colapso de la legislatura, Sánchez solo busca su ventana de oportunidad para encajar el adelanto en el momento más adecuado a sus intereses.

En ese contexto, el proyecto de presupuesto servirá a un relato destinado a lograr la concentración del voto útil frente a partidos obstruccionistas que no suman para hacer frente a la amenaza de Vox, su principal baza para intentar neutralizar el desgaste de la corrupción protagonizada por dos de los hombres de máxima confianza de Sánchez, a los que encomendó la secretaría de Organización del partido, Ábalos y Santos Cerdán. El segundo salió hace una semana de la cárcel, en la que llevaba encerrado de manera preventiva desde junio, después de un apabullante informe de la UCO que, según reconocen en el propio ejecutivo, «apuntala los indicios» en su contra. El primero podría entrar hoy en ella.

Pero incluso sin adelanto de las generales, España entra ya en un nuevo ciclo electoral, que comenzará el 21 de diciembre con los comicios en Extremadura, seguirá en marzo en Castilla y León y tendrá uno de sus momentos calientes en Andalucía a final de la primavera. Eso si ninguna otra autonomía gobernada por el PP, como Aragón, en la que Vox está poniendo difícil el apoyo a las Cuentas, llama también las urnas.

En el debate de este jueves, el portavoz de los populares, Juan Bravo, recordó a Montero que, hace unos meses el Ejecutivo llegó a alegar incluso que llevar al Congreso unos Presupuestos para los que no tenía apoyo era «hacer perder el tiempo a los ciudadanos» y esgrimió que, bajo ese argumento, que rechazó, la propia presentación de la senda resulta sospechosa y más a la luz del límite de gasto no financiero que la acompaña.

«Ustedes plantean una economía que crecerá un 2,2 %. Con un deflactor del 2,1%, es un 4,3%. Pero, sin embargo, usted quiere elevar el techo de gasto 8,5%, el doble. ¿No estará proponiendo más ciudadanos dependientes del Estado, no?, ¿no será una propuesta ante las citas electorales de los próximas fechas? ¿Y de dónde lo va a sacar? Ya se lo digo yo, de más deuda y más impuestos», recriminó. «Este gasto descontrolado político y superfluo, que usted está convirtiendo en estructural, no es lo que quieren los españoles».