El caso Francis Puig tensiona el Botánico

À Punt destapó al cártel de las productoras de televisión. Un grupo de empresas del audiovisual, entrelazadas con facturas cruzadas y que desde hace un año están inmersas en una investigación por pactar (presuntamente) precios para repartirse lotes de concursos públicos. Un acuerdo de no agresión para repartirse todos los trozos del pastel. La Conselleria de Economía tiene por delante seis meses más para resolver un expediente que puede convertirse en un torpedo en la línea de flotación del Consell del Botánico. La decisión está en manos de Compromís, que dirige el área de Competencia, y el personaje clave de los investigados es Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Una sanción a las productoras, que no es descabellada con la ley en la mano, el aviso de Á Punt y la observación por parte de Competencia de que «se observan indicios racionales de la existencia de posibles conductas restrictivas de la competencia», abriría una brecha en el Botánico más o menos grande en función de la proximidad de las próximas elecciones. La estrategia política jugará un papel fundamental en este caso. Si tarda la sanción, si finalmente la hay, igual es el momento de marcar distancias. En el tablero político los movimientos no admiten fallo y aquí, Compromís, casi nunca falla.

En el Palau de la Generalitat hay nervios, porque una sanción económica para el hermano del presidente del Consell por ganar concursos públicos al margen de la ley no es fácil de gestionar. No por la cantidad económica de la multa, que no será escandalosa, sino por una práctica de difícil defensa. En la oposición el PP aprieta porque sabe que se puede cobrar una pieza. La diputada Eva Ortiz reclama el expediente a Economía, que no lo suelta porque tiene que cumplir las normas, la ley. Otra cosa es que un juez diga que hay que facilitar la información. De momento, la Guardia Civil ya se ha dado una vuelta por la sede de las productoras afectadas a recoger información. Tienen permiso de un juez que investiga este y otros casos de las mismas firmas.

El cártel de las empresas lo conforman Comunicacions dels Ports, la empresa matriz de Francis Puig, y Canal Maestrat y Kriol, de los hermanos Adell Bover, amigos y socios del hermano del presidente en varios proyectos. Las tres firmas pactaron precios para llevarse cada una un lote de corresponsalías de À Punt. La forma de ganar un lote cada empresa es sencilla. Todas se presentan a los lotes pero es una la que pone el precio más bajo en cada propuesta. De esa manera, las dos restantes siempre van por arriba. Es como una especie de pacto de caballeros: no hay agresión y cada una se queda con una parte del pastel.

Comunicacions dels Ports aspiró al lote 1 de 24.200 euros; Kriol era el favorito para el lote 2, por 36.300 euros y Canal Maestrat, al lote 3 por 33.880 euros. Los tres presentaron idéntica oferta a la baja en cada uno de esos lotes, y lo hicieron al alza y por la misma cantidad también en aquellos que no les interesaban. De esa manera quedaban eliminados del proceso y servían en bandeja el concurso al otro. Pactar precios para concurrir a varias propuestas pero con la seguridad de que ganabas uno de los lotes.

À Punt vio la jugada, y el 8 de abril de 2019, el hermano de Ximo Puig retiró su empresa del concurso porque ya sabía que la mesa de contratación le había cazado. Kriol y Canal Maestrat trataron de aguantar el tipo, pero fueron excluidos al ser descubiertos al final.

La ley de Defensa de la Competencia establece en su artículo 1.1: «Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional». El artículo 62 de la misma ley califica de muy grave la constitución de cárteles, como así define a este grupo de productoras de televisión el expediente abierto por la Conselleria de Economía.

Esta asociación de sociedades al margen de la ley está catalogada como sanción muy grave en el artículo 62.4.a de la norma de Competencia, por lo que la multa que se le puede imponer a las empresas de Ximo Puig y de los hermanos Adell Bover es de hasta un 10% del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio anterior al de la imposición de la multa.

Las tres productoras todavía no han depositado en el registro las cuentas de 2019 -tienen de plazo hasta finales de octubre por la pandemia- pero como aproximación puede servir que Comunicacions dels Ports, la empresa de Francis Puig, cerró 2018 con unas ventas de 550.415 euros, por lo que la multa podría alcanzar los 55.000 euros. Canal Maestrat, la empresa más antigua de los Adell Bover, 380.013 euros -38.000 euros de multa- y Kriol facturó 437.808 euros en 2018, por lo que la sanción sería de casi 44.000 euros. Entre los tres, y si en el último ejercicio los números de venta son similares, la multa se acercaría a los 140.000 euros.

El cártel de las productoras de Castellón también está siendo investigado por haber recibido miles de euros en ayudas de la Comunitat Valenciana, Cataluña y Aragón desde la llegada del Botánico al poder. Un caso sobre cruce de facturas y trabajos que presuntamente no se han realizado pero de los que sí se ha cobrado la ayuda pública. Las ayudas para el fomento del valenciano están bajo la lupa y por ahora no se han vuelto a activar. Una investigación que tiene todavía un recorrido judicial y que habrá que ver si se demuestra. El problema más inmediato es el del pacto de precios, que más allá de las cantidades, preocupan más los nombres, que afectan a la cúspide del Consell. Políticamente, es un tema que Presidencia no puede controlar porque la decisión está en manos del área de Economía, donde la fuerza es de Compromís.